Ecuador. miércoles 22 de noviembre de 2017
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Lectura obligada para Luis Almagro

María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos

Leo con estupor que la OEA ha ratificado su reconocimiento al licenciado Lenín Moreno como presidente electo del Ecuador y, simultáneamente, al Contralor del Ecuador, como presidente de su Junta de Auditores de la OEA. 

Esto ha sucedido el mismo día en que se lleva a cabo el juicio que el Contralor ha emprendido contra nueve honorables miembros de la Comisión Anticorrupción por haberlo denunciado como partícipe en uno de los mayore casos de corrupción perpetrados durante el correísmo,  la Refinería del Pacífico: un proyecto fantasma que se estima sobrefacturado en más de mil millones de dólares.


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Quisiera pensar que el Secretario de la OEA, Luis Almagro, quien ha demostrado estar comprometido con la institucionalidad democrática al invocar la Carta Democrática Interamericana para su aplicación en Venezuela, en un valiente informe, no estuviera enterado de lo que sucede en Ecuador, que quizás el presidente de la comisión de observadores electorales que envió no cumplió su papel de informarle de lo que realmente ocurrió en mi país.

Prefiero pensar que no ha sido consciente del desacierto al escoger como presidente de la comisión observadora de la OEA para las elecciones presidenciales del Ecuador 2017 al ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, cuyas dos gestiones presidenciales, al igual que las de Rafael Correa, han sido ensombrecidas con las acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht. A esto debemos añadir las gestiones de Leonel Fernández para mantener la estrategia del diálogo estéril en Venezuela que la abocaron a la crisis actual.

Existió una denuncia previa sobre el registro electoral inflado en 3.5 millones de votantes en el Ecuador, de lo cual existe un informe previo de la ONU. Sin embargo, el presidente del CNE se negó a realizar una depuración del padrón electoral hasta pasadas las elecciones presidenciales. Sobre esto se dieron más denuncias de expertos informáticos y electorales, como la de Néstor Marroquín y la ex presidenta del CNE de Venezuela, Ana Mercedes Díaz, quien estuvo en Ecuador y se tomó la molestia de enviarle un informe detallado a su oficina en D.C.  

Desde el lanzamiento de la campaña electoral en diciembre las candidaturas gobiernistas abusaron de todas las formas posibles de los recursos del Estado. La lista de estos abusos que constituyen fraude y que no fueron sancionados por el presidente del CNE, merece un documento aparte.

Pero lo que sería imperdonable que se le olvidara a sus observadores fue la ruptura de la cadena de custodia como fuera denunciada por el propio Comandante del Ejército,  General Luis Castro el 20 de febrero pasado, al término de la primera vuelta electoral. Esta defensa de la constitución y la democracia le costó al General Castro su destitución, y el CNE mantuvo para el 2 de abril la participación de una empresa privada autorizada para el manejo de las urnas electorales. Si la cadena de custodia existe para evitar el fraude, ¿por qué razón el propio CNE implementaría la forma de romperla?

Es posible que las reuniones de la comitiva observadora de la OEA con el presidente del CNE en el hotel Marriott de Quito los habría distraído de señalar en su informe que el software que usó el CNE no fue auditado, a pesar de que el partido de oposición lo solicitara. Sería contraproducente haber aceptado los resultados electorales si en dichoo informe hubiesen relatado el apagón en la página web suscitado entre las 18:40 y las 19:22 del 2 de abril, luego del cual el CNE volvió a la vida con un 80% de los votos escrutados y revirtiendo su propio conteo que hasta entonces daba como ganador al binomio Lasso-Páez. Cedatos, la encuestadora de mayor trayectoria y precisión, dio 53% a Lasso y 47% a Moreno y pasó a ser perseguida iracundamente por el propio Correa.

No solo que la OEA no ha cuestionado otra clara violación al Código de la Democracia perpetrada por el propio CNE, al no garantizar las audiencias provinciales de escrutinio. No parecen haber llegado a sus manos dos cartas del candidato presidencial Guillermo Lasso, en las que denunciara indicios de fraude electoral. Menos aún parece estar en conocimiento de que cuentan con más de 4.000 pruebas de alteración de resultados en las actas  y de suplantaciones de firmas en estas, lo que representaría más de un millón de votos en cuestión, cuando la ventaja que da el CNE al binomio Moreno-Glas es de menos de 300 mil votos.  Pero el CNE informaba a la comunidad internacional que los resultados serían invariables.

Tal es el temor a la gravedad y a la magnitud de estas denuncias, que las oficinas de Guillermo Lasso fueron allanadas por el régimen en un mal intento de apoderarse de las pruebas del fraude. Allanaron también la agencia de publicidad de la campaña de CREO y hace solo unas noches, la fiscalía allanó para investigaciones las oficinas del proveedor estratégico de tecnología de la campaña opositora.

¿Por qué si Moreno y Glas han ganado limpiamente estas elecciones, persiguen judicialmente a los que dicen haber derrotado?

La certeza de que el partido de gobierno planeaba un fraude electoral fue tal que, antes de las elecciones, el 57% de los ecuatorianos pensaba que ello se llevaría a cabo, y el propio candidato Lasso armó su control electoral paralelo, algo que no hubiese sido necesario si el CNE con sus 5 miembros no pertenecieran al partido de gobierno.

Tras la primera y la segunda vueltas, los ecuatorianos solo tuvimos la certeza de que el fraude vino avalado por la franquicia del Socialismo Siglo XXI en las personas de Tibisay Lucena, Tania Socorro, Iván Cepeda, y la Canciller de las FARC, Piedad Córdova.

Con todas estas denuncias y habiendo sido impugnado el resultado, ¿la OEA ha reconocido entonces el resultado electoral de un CNE impugnado?  No solo una, sino dos veces, pues luego de reconocer al licenciado Moreno como presidente electo, avaló el recuento de un 11% de los votos –no del 100% solicitado por CREO- en un acto organizado por el partido de gobierno y presidido por el mismo CNE impugnado, en el que de las urnas escogidas para el recuento salieron papeletas sin los dobleces imprescindibles para poder ser introducidas.

Al final de este recuento, el presidente Correa, autoproclamado Jefe del Poder Electoral –como de todos los poderes del estado- dio los resultados antes que su CNE.

Resulta alarmante además que estas urnas salieran en la oscuridad de la noche del domingo 16, para el recuento programado para el martes 18 de abril, mientras ciudadanos que permanecían en vigilia electoral registraron este operativo en el que las transportaron en un camión privado, rompiendo nuevamente la cadena de custodia. 

A más de que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca Mancheno, hermano del nuevo Fiscal General de la Nación Carlos Baca Mancheno y asesor del presidente Correa, negara el pedido de recuento del 100% de las actas interpuesto por CREO, el candidato a la vicepresidencia Andrés Páez pidió en un Acto Urgente el reconocimiento del Instituto Geográfico Militar que debió emitir estas papeletas electorales.

Y acaba de interceder un pedido de nulidad de este proceso electoral por estar viciado de fraude.

Pasados 20 días de las elecciones presidenciales en Ecuador, la OEA ratifica al Contralor del Ecuador como el presidente de su Junta de Auditores. Sobre él pesan graves denuncias de sobornos en Quito, de las que ya debe de estar en conocimiento del Departamento de Estado Americano.

Mientras el régimen correísta busca a nivel internacional la legitimidad que ya perdió en las urnas a nivel nacional, los ecuatorianos sabemos la verdad, ya que acabamos de vivir en carne propia la crónica de un fraude anunciado y perpetrado bajo las directrices del castro-chavismo. Hoy entendemos cómo estos han perfeccionado el arte de utilizar las urnas electorales para perpetuarse en el poder y acabar con la alternancia como han hecho en Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Hoy que estamos secuestrados por la dictadura de un partido político del Socialismo Siglo XXI sabemos que no habrá vuelta atrás, que no habrá justicia para los más de 800 casos de persecución política y judicial en el Ecuador y la mayor corrupción en nuestra historia de la que son parte Moreno y Glas. Ellos vienen por más.