Ecuador. viernes 24 de noviembre de 2017
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Facta non verba

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

A estas alturas, a casi dos semanas de que el juez Patricio Baño dejase pisoteado el derecho ciudadano a conocer qué pasa en el juicio por los sobornos de Odebrecht en que está procesado Ricardo Rivera Arauz (pues violando la ley lo declaró reservado pese a que esa posibilidad solo existe para los procesos en que se juzga delitos “contra la estructura del Estado constitucional”), nada, al menos que se haya hecho público, ha pasado con semejante juez de palo, quien mondo y lirondo ha de seguir administrando “justicia”.


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La palabra para poner coto a torpezas como esa la tiene el Consejo de la Judicatura. El error inexcusable en el manejo de una causa es motivo de destitución de un juez, según el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 109, 7º); el trámite lo puede iniciar de oficio ese Consejo, según el mismo Código (art. 114). Que en este caso hubo (al menos) tal clase de error es patente: no se trata de cuestiones meramente interpretativas, sino de la grosera violación de una norma clara y expresa, el artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal, que declara reservadas las audiencias (no todo el proceso) cuando se juzga delitos “contra la estructura del Estado constitucional”. No cuando se juzga la conformación “de un grupo criminal estructurado y organizado para cometer varios delitos como cohecho, concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito”, según la imputación de la Fiscalía.

El presidente del Consejo de la Judicatura, en discurso pronunciado hace apenas dos meses en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, decía que la legitimidad permanente de los poderes judiciales se consigue “…haciendo que cada una de las decisiones de los administradores de justicia estén solamente, exclusivamente basadas en Derecho”.

Concuerdo con el doctor Jalkh. Pero para alcanzar ese objetivo no bastan inteligentes discursos. Se requiere de acciones efectivas y concretas. Un buen ejemplo sería que el propio Consejo de la Judicatura cumpla sus funciones y le dé un baño de verdad al feo caso del juez Baño, destituyéndolo.

Eso.