Ecuador. martes 26 de septiembre de 2017
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En defensa de la libertad de expresión de Fernando Villavicencio

Ignacio Boulin
Boston, Estados Unidos

“Señor Fiscal, usted es autónomo, pero sí exijo celeridad en la justicia. … Sé que tiene fuertes indicios de quién lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso. Como un ciudadano cualquiera tengo derecho a recibir justicia oportuna”. Rafael Correa, entonces presidente de Ecuador, pronunció estas palabras el 19 de marzo de 2016.

Días después, siguiendo el guión escrito por Correa, se reiniciaba la causa en contra del periodista Fernando Villavicencio por difundir el contenido de correos electrónicos de funcionario públicos en su nota “El Expediente Chevron”, en la publicación Plan V. Esta nota revelaba que el gobierno de Ecuador había contratado un estudio jurídico que, a la vez que lo defendía, trabajaba también para Chevron, mientras entre ambos se disputaba una de las causas más grandes de la historia de Ecuador. Es decir, Villavicencio echó luz sobre un severo conflicto de intereses .


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Para silenciar a Villavicencio el Gobierno utilizaría toda su artillería. El siguiente paso sería privarlo preventivamente de su libertad.  “En la cárcel será muy bien tratado. El sistema judicial, gracias a la reforma que emprendimos, es una garantía para el debido proceso. La honestidad de los jueces me hace muy feliz…” canturreaba feliz Rafael Correa en una rueda de prensa luego de que el Juez dictara la orden de captura.

El proceso penal seguido en contra de Villavicencio es a todas luces ilegal y arbitrario. Sólo busca acallar su voz crítica, restringir su libertad de expresión y amedrentar al resto de la sociedad dejando un claro mensaje: cuestionar al poder tiene consecuencias.

Lo cierto es que la tarea periodística de Villavicencio bajo ningún concepto puede constituir un delito. El ejercicio legítimo de la libertad de expresión para difundir información de interés público es una conducta que en ningún caso puede ser criminalizada. Todo lo contrario, es un derecho y como tal merece absoluta protección jurídica, y así ocurre dentro del sistema interamericano de derechos humanos y dentro de todo el Derecho comparado, internacional y doméstico relativo a la libertad de expresión.

Los alcances de la libertad de expresión pueden ser, en determinados puntos, poco claros y requerir, en consecuencia, un análisis complejo y difícil para determinar si una expresión debe ser protegida o no. Sin embargo, en el estado actual de desarrollo democrático, no caben dudas de lo siguiente: la información veraz y poseedora de un legítimo interés público como la publicada por Villavicencio merece una tutela absoluta, y no puede dar nunca lugar a ninguna clase de responsabilidad. Más aún, en un régimen democrático corresponde otorgar a la información sobre asuntos de interés público una protección mayor que a las demás.

La información que publicó Villavicencio no se refería a un hecho de la intimidad, o a un acto privado. Se trataba, por el contrario, de hechos que reclamaban ver la luz del día. Resulta irónico pensar que quienes querían ocultarlo reclamen ahora reserva, privacidad o confidencialidad.

El derecho a la libertad de expresión no puede ser suprimido por el poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, incluso el judicial. Por ello, la persecución penal y la posterior orden de prisión preventiva coartan gravemente la libertad de expresión protegida por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La razón de esta protección preferencial de la información que conlleva el interés público finca en la esencialidad del debate para la salud de una democracia, así lo ha sostenido consistentemente la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos – en consonancia con lo resuelto por altas Cortes de sistemas democráticos de todo el mundo.

Lamentablemente, la realidad de Fernando Villavicencio dista mucho de lo que debería suceder en una sociedad democrática. Por ejercer su derecho a la libre expresión hoy se encuentra asilado en el Perú, alejado de su familia y amenazado. La intención de penalizarlo por ejercer su derecho a expresarse persiste.

Dicen que después de la tormenta, siempre llega la calma. Fernando Villavicencio ha vivido los últimos años en el ojo del huracán. Perseguido por el gobierno de Ecuador, fue protegido internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de Correa hizo caso omiso de las medidas cautelares dictadas a favor de Villavicencio. Por eso, tuvo que refugiarse en la selva, viviendo prófugo durante casi dos años. Por ser una voz disonante en el coro de los complacientes él y su familia fueron hostigados y atacados. Por señalar, a contrapelo, que el rey estaba desnudo, sufrió el ensañamiento del poder judicial ecuatoriano – que primero dictó su prisión preventiva y ahora, casi como arrepentido, le ofrece un grillete electrónico. Señores jueces, ya deberían aprenderlo: las voces valientes no se callan con la cárcel. Ya son varios años de tormenta, desencadenada desde lo más alto del poder ecuatoriano. Ya es hora de que le devuelvan a Villavicencio la libertad, sin condiciones. Ya es hora de que a Villavicencio y a su familia les llegue la calma.

* Ignacio Boulin es abogado, profesor universitario, LL.M Harvard Law School