Ecuador. martes 26 de septiembre de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Juicio Político a Glas

Guiseppe Cabrera
Ambato, Ecuador

Existen tres causales para que se pueda iniciar un juicio político: delitos en contra de la administración pública como cohecho, peculado y concusión; delitos que atenten contra la seguridad del Estado y delitos de lesa humanidad como genocidio.

En base a estos delitos se puede iniciar un juicio político en contra del segundo mandatario, Jorge Glas. Precisamente fundamentado en esas tipificaciones, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) -con 5 votos del oficialismo a favor y dos de la oposición en contra-, archivó el pedido de enjuiciamiento político propuesto por la bancada de CREO-SUMA, aduciendo que se les concedió 72 horas, para que el asambleísta que lo impulsó complete las pruebas, requisitos que el CAL, decidió adoptar para este caso en particular.


Publicidad

Pero ¿cuál es el verdadero objeto del juicio político?, precisamente eso, juzgar políticamente a los funcionarios de alto rango susceptibles de esta figura. El concepto viene de una herencia anglosajona, que deriva del voto de confianza que se les otorga, desde el parlamento, a los funcionarios que pueden ser juzgados bajo esta figura. Viene del concepto del “trust”, que significa la confianza que se deposita sobre los funcionarios, este concepto de la confianza por parte de los representantes, es lo que otorga legitimidad a su cargo y las funciones que ejerza. De esta manera los legisladores, en el caso de Ecuador asambleístas, se convierten en una especie de jueces políticos que analizan la responsabilidad política del funcionario que está siendo juzgado. Por lo que en el pedido de juicio, solo debía de probarse, si efectivamente el Vicepresidente Glas tenía el encargo del manejo de los sectores estratégicos y de su responsabilidad sobre el control de sus subalternos. No se intenta probar el cometimiento de un delito, pues eso le corresponde a la fiscalía y a los jueces competentes. Solo corresponde a una censura sobre sus funciones, que puede o no terminar en un proceso abierto por vía judicial.

La facultad de fiscalización viene ligada al juicio político, por eso resulta tan importante, que los asambleístas actuales, puedan devolver el espíritu legislativo que ha perdido la Asamblea.