Ecuador. martes 12 de diciembre de 2017
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La corresponsabilidad

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Si una institución gana diez y anhela realizar obras benéficas de la más alta necesidad social, que cuestan doce, no puede sobrepasar sus ingresos.

Si desea ayudar más, debe crecer económicamente. Lo contrario suscita déficit o la quiebra. Lo mismo ocurre con el Estado o la economía doméstica.


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Todas las funciones del Estado tienen la responsabilidad de promover el crecimiento económico. No la redistribución de la riqueza, porque eso evita que existan nuevos recursos para ayudar a la sociedad.

Si las empresas crecen, generan más empleo adecuado y tributos. Al atacar su productividad y competitividad sucede lo contrario. ¿Qué se requiere? Derogación del anticipo del impuesto a la renta, Ley de Plusvalía, Impuesto a la Salida de Divisas, reducción de la tramitología y eliminación de las restricciones al libre comercio. Esas serían señales correctas que fomentarían la inversión. El diálogo está bien, pero se requiere acción inmediata.

El socialismo del siglo XXI afirma que la supresión de impuestos origina un hueco fiscal, pero es el Estado quien debe estar al servicio de los ciudadanos y no lo contrario. Me explico: el gobierno anterior recibió más ingresos que cualquier otro gobierno en la historia republicana, sin embargo, triplicó el gasto y cuadriplicó la deuda pública. ¿Por qué los ciudadanos debemos pagar esa fiesta? ¿No le corresponde al Estado ajustarse a un presupuesto, como a todos?

Cada individuo es responsable de sus acciones. Cumplimos un rol específico en la sociedad. No todo depende del presidente de la República. Si eso fuera así, viviríamos en una monarquía y no en un sistema republicano.

Cuando cada uno es responsable, se pueden juzgar mejor las acciones de las personas. Por ejemplo: si algunos funcionarios públicos continúan gastando a manos llenas, cargándonos con impuestos que nos hacen menos competitivos y productivos, es claro quiénes son los culpables de la situación económica actual. No merecen nuestro voto en las próximas elecciones. O si el fiscal y la función judicial no actúan conforme a Derecho contra aquellos servidores públicos que tienen graves indicios de responsabilidad penal, sabemos quiénes son los encubridores a los que la ciudadanía debe juzgar como tales.

Al sector privado le corresponde invertir, crear empleo adecuado y pagar impuestos. Los comerciantes hemos sacado un PhD en ñeque en la última década. Pero el sector público ha incumplido su parte. Quiere que le sigamos pagando su doce vita en perjuicio de la mayoría y en el camino, no fomentan la seguridad jurídica en dos vertientes: la pausa normativa que crea certidumbre para poder invertir y la obligación de proveer justicia. Si no existe justicia, nadie tendrá la tranquilidad de no ser perseguido cuando denuncie actos de corrupción. En estos últimos diez años ha sucedido lo contrario.

Una sociedad no puede estar gobernada por corruptos. La cosa pública tampoco es la hacienda particular de ciertos burócratas. Se envía el mensaje equivocado a quienes quieren ser honrados, que son la mayoría. Hay que castigar a los delincuentes, para que quede claro que no toleramos esa conducta. Esperamos que todas las funciones del Estado comiencen a cumplir con los juicios políticos y penales que están pendientes. Hasta eso, algunos miembros del oficialismo no tienen derecho a hablar de corresponsabilidad. Primero cumplan para lo que fueron elegidos o contratados.