Ecuador. Jueves 24 de Agosto de 2017
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Bonafini y la imagen de madres y abuelas de la Plaza de Mayo

José Julio Cisneros M.
Quito, Ecuador

Entre las varias denuncias de corrupción surgidas en torno a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en las últimas semanas se ha concretado el caso que involucra a Hebe de Bonafini, presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Foto Larepublica.ec

Cabe resaltar que a la Plaza de Mayo, espacio emblemático de Buenos Aires y escenario de importantes eventos históricos, políticos y sociales, desde abril de 1977 se la ha identificado y reconocido a nivel mundial por la presencia del grupo de madres que reclaman información sobre sus hijos misteriosamente desaparecidos. Las autoridades de la dictadura militar (1976-1983) comandada en los primeros años por el general Jorge Videla las descalificaron llamándolas las “locas” de la Plaza de Mayo y argumentaron que la desaparición de sus hijos era de índole doméstico-familiar, ajena a la esfera gubernamental. Sin embargo, la persistencia y el tesón de estas mujeres las convirtieron en ejemplo de perseverancia pacífica. .


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No obstante, su imagen ha sufrido el estigma del procesamiento de Hebe de Bonafini, por el supuesto desvío de 13 millones de dólares del programa de viviendas populares “Sueños compartidos” dirigido por ella desde 2006 durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Algunos medios de comunicación han cubierto esta noticia con una connotación genérica que envuelve a las madres como grupo, sin puntualizar que quien está procesada es una persona, la más mediática dentro del grupo, pero no el grupo en sí. Por esta razón, es necesario y oportuno aclarar y contextualizar la presente situación de Bonafini y del colectivo de las madres.

En la actualidad existen tres grupos de mujeres identificadas con la Plaza de Mayo: Madres de Plaza de Mayo liderado por Bonafini, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Abuelas de Plaza de Mayo. El grupo original, que abarcaba a todas las madres, fue conformado por mujeres que se conocieron a mediados de 1977 cuando coincidían en comisarías y juzgados en busca de información sobre sus hijos. Con el fin de poder identificarse y juntarse en eventos públicos masivos utilizaron simbólicamente los primeros pañales de esos hijos como pañuelos de cabeza. Irónicamente tres de ellas fueron también secuestradas y desaparecieron a fines de 1977.

En 1986 el gobierno democrático de Raúl Alfonsín ofreció a las madres una indemnización por la desaparición de sus hijos. Debido a su precaria situación económica algunas la aceptaron pero aclararon que esa aceptación no significaba que cesarían en sus denuncias y en su exigencia de información. Bonafini las criticó duramente y dio lugar al distanciamiento y a la consiguiente formación del grupo Línea Fundadora, totalmente aparte del círculo de Bonafini.

Mientras tanto, ante la evidencia de que algunas jóvenes estaban encinta cuando fueron secuestradas por la dictadura o de que fueron secuestradas junto con sus bebés, y ante el insistente rumor de que a las embarazadas se les había mantenido con vida hasta que dieron a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para posteriormente eliminarlas y “regalar” esos bebés a familias o amigos de militares, surgió en algunas de las madres el deseo y la aspiración de encontrar a los respectivos nietos. Ya no había esperanza de encontrar con vida a sus hijos o hijas pero la existencia de los nietos era, y es, una realidad que generó en 1987 la formación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un banco de ADN al que pueden recurrir personas que sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos. Se calcula que alrededor de 500 bebés nacieron en cautiverio o fueron robados a muy temprana edad y, gracias a ese banco, hasta el momento se ha logrado identificar a 122 nietos. En 2014, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tuvo la satisfacción personal de recuperar a su propio nieto, en ese entonces el número 114. Es evidente que la situación humana de los nietos –que ya se acercan a los 40 años de edad– es profundamente dramática ya que no se trata de niños que fueron adoptados y luego se enteran de que los padres con quienes han crecido no son sus padres biológicos, sino de casos en que esos padres con quienes crecieron, en su mayoría, estuvieron directa o indirectamente involucrados en la desaparición de sus padres biológicos. Bonafini, de su lado, ha criticado abiertamente a las abuelas por ser “demasiado buenitas”.

La acusación y el procesamiento contra Hebe de Bonafini, por asociación pone en las noticias a los grupos identificados con Plaza de Mayo, pero existe una significativa diferencia entre las acciones y la responsabilidad de la persona y su fundación y la de los diferentes grupos. Se debe reconocer que Bonafini tiene suficientes razones para tener una sólida posición antimilitarista ya que dos de sus hijos desaparecieron durante la dictadura. A nivel internacional se convirtió en símbolo de la defensa de los derechos humanos pero gradualmente su militancia se volvió extrema, estrictamente política, y en la última década abiertamente kirchnerista, a tal punto que ha afirmado “ya no somos más un organismo de derechos humanos sino una organización política dentro del kirchnerismo”.

Con respecto a “Sueños compartidos”, los Kirchner son responsables por haber puesto a cargo de un importante proyecto de construcción de viviendas populares a una persona políticamente cercana pero sin ninguna experiencia ni preparación para asumir esa tarea, presupuestada en 266 millones de dólares. Bonafini, a su vez, es responsable por aceptarla y además, por nombrarles como supervisores de las construcciones a los hermanos Sergio y Pablo Shoklender, apoderados de su Fundación, quienes tenían antecedentes con la justicia por haber asesinado a sus padres en 1981 y a quienes conoció cuando hacía labor humanitaria en centros de detención. Sobre Sergio afirmaba que lo quería como a un hijo, pero esta relación empezó a resquebrajarse en 2012 ante los indicios de desvíos de fondos y el inicio de las investigaciones pertinentes. Cinco años después, el juez que lleva la causa llega a la conclusión de que existen pruebas suficientes para procesar, entre otros, a Bonafini, a los Shocklender y a José López, secretario de obras públicas en el gobierno de Cristina Kirchner, conocido públicamente por tratar de esconder 9 millones de dólares en un convento de monjas, quien ya está en la cárcel.

La realidad es que debían entregarse 4700 viviendas y solo se terminaron 800 y que existe un faltante de 13 millones de dólares. Bonafini ahora califica a los Shoklender como “ladrones y traidores” y los acusa de realizar viajes lujosos y de adquirir propiedades y bienes suntuarios; los Shoklender la acusan de cubrir con ese dinero gastos insostenibles de su Fundación, declarada en quiebra por deudas y falta de pago a empleados; ella se declara inocente y expresa que su procesamiento se debe a su oposición a Macri (a quien califica con epítetos impublicables en un medio ecuatoriano). Por otro lado, crece la sospecha de que parte de ese dinero fue utilizado bajo órdenes directas de Cristina Kirchner para financiar las campañas de diferentes candidatos kirchneristas. Mientras tanto, en estos días Cristina Kirchner está en plena campaña como candidata a la senaduría por la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, las madres y abuelas que sobreviven, continúan desfilando con el apoyo de simpatizantes todos los jueves a partir de las 15.30 en la Plaza de Mayo con el afán de mantener viva la conciencia de las violaciones de derecho humanos durante la dictadura. Es lamentable que los supuestos errores o descuidos de una de sus líderes pongan en entredicho la indeclinable firmeza y el constante compromiso de estas mujeres octogenarias y nonagenarias en su búsqueda de la verdad.