Ecuador. jueves 21 de septiembre de 2017
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Los grandes ausentes

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

¿Podría ser una exageración decir que el devastador saqueo –el más grande de la historia republicana– no hubiese ocurrido si el país hubiera tenido un poder judicial sólido, incorruptible, independiente, democrático y altamente profesionalizado?

Sí. Eso podría ser exagerado.


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Hubo ciertamente otros actores que colaboraron con la entronización de un régimen fascista y corrupto que tuvimos. Buena parte de la dirigencia política, por ejemplo, tuvo mucha responsabilidad, pues crearon con sus ambiciones y personalismo las condiciones para el ascenso del dictador y luego no exhibieron, por cobardía o interés, ningún coraje para enfrentarlo. Buena parte de la clase empresarial tuvo también su cuota de responsabilidad. A muchos de ellos no les importó un comino la libertad de expresión, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción, con tal de hacer billete. Y, claro, buena parte de la ciudadanía ecuatoriana, con su ancestral facilismo, pereza, comodidad, y que se resume en aquello de “que roben con tal de que hagan obras” (aunque ahora descubrimos lo de siempre: que robaron y lo que hicieron, lo hicieron mal…), una actitud parroquial y de corto plazo, que desgraciadamente parece confirmar el escepticismo de Benjamín Constant sobre las democracias modernas, pero que en el Ecuador parecería agravarse profundamente. Sí. Todo esto contribuyó a que una mafia nos gobernara por una década.

Pero no es menos cierto que entre los más grandes responsables de las miserias que ha sufrido el país, y a quienes les debemos el estar entre los países más corruptos del mundo, y donde han ocurrido graves violaciones de los derechos humanos, están esos cientos de jueces, magistrados y fiscales –no, no fueron todos, pero casi todos– que traicionaron su lealtad para con el derecho y la sociedad, y que optaron por colaborar con el fascismo.

En estos últimos días se ha hecho evidente esta ausencia de un poder judicial confiable. Al país le embarga una horrenda sospecha con respecto a acusaciones de delitos prescritos, imputaciones equívocas y petitorios ambiguos, que parecen propios de una república del tongo. ¿Son esos magistrados, los que callaron por diez años, los verdugos del dictador, los que van sanear al país de la corrupción y remediar las injusticias del pasado inmediato?

Claro que por allí han salido unos fallos apegados al derecho. Y hay que aplaudirlos, ciertamente. Pero cuando el país más los necesitó –durante el apogeo de la dictadura– estuvieron ausentes. Recientemente se han revelado detalles de cómo se manipuló la selección de los jueces y cómo se los manejaba como simples marionetas. Esto no ha hecho sino confirmar lo que la ciudadanía ya sospechaba, aunque siempre impacta conocer la forma como procedieron. El sistema judicial creado por la mafia del dictador –y que aún sigue vigente– fue la espina dorsal de su régimen y garante esencial de su impunidad.

El desafío de nuestro tiempo es sentar las bases de un poder judicial radicalmente diferente, uno que se deba al derecho y la sociedad, y no a cualquier dictador mafioso, de izquierda o de derecha. (O)