Ecuador. lunes 20 de noviembre de 2017
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Los reductos

Juan Carlos Díaz-Granados
Guayaquil, Ecuador

El Consejo Consultivo Productivo y Tributario ha llegado a la etapa de conclusiones. 

Fueron transversales y recurrentes en todos los sectores que participaron.  Se resumen en derogar el anticipo de impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas; modificar la Ley de Plusvalía; generar más modalidades de contratación laboral; reducir los costos de la energía necesaria para producir competitivamente; mayor eficiencia en las compras públicas para no dilapidar recursos; mejorar condiciones de financiamiento y el drawback para el sector exportador.


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Luego de que se oficialicen estas conclusiones tendría que venir la etapa de implementación.  Pero nos hemos olvidado de algo: la necesidad de lidiar con la SENPLADESUn reducto correísta.  Porque para cumplir con lo determinado en los artículos 293 y 279 de la Constitución,  el presidente de la República tendría que presentarlas (artículo 147 Constitución) al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del plan nacional de desarrollo para su aprobación.

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. “Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”, según el artículo 280 de la Constitución.

Lo interesante de esto es que el Consejo Nacional de Planificación seguramente se opone a la austeridad fiscal y querrán transferir su costo a la sociedad civil, sin aplicar las conclusiones del Consejo Productivo y Tributario.  Lo mismo podríamos decir de las instituciones, asambleístas y ministerios correístas que también tendrían que involucrarse para su implementación.

En este primer trimestre de gobierno, ya hemos visto cómo ciertos funcionarios públicos ejecutan lo opuesto al discurso del presidente de la República.  Por ejemplo, desde la Cancillería, se trata de generar conflictos en la política internacional.  El servicio exterior ha manifestado su apoyo a gobernantes corruptos, como los sandinistas de Nicaragua y ha encubierto los crímenes de lesa humanidad que comete el gobierno de Nicolás Maduro.  Se niega a tocar temas como los perjuicios que nos ha causado China o el lanzamiento de misiles de Corea del Norte, que ponen en riesgo a la humanidad y al Japón, nación que tan bien se ha portado con el Ecuador.  El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha convertido en un refugio de ex funcionarios del correísmo con agenda diferente a la del Presidente.

Incluso carteras de Estado que parecieran fieles al Leninismo, sufren el boicot de mandos medios sobrevivientes a la transición presidencial.  Por todo esto y lo comentado en diferentes medios por varios analistas, es vital la consulta popular.  Caso contrario, continuaremos en la línea de decrecimiento económico que Moreno heredó del gobierno anterior.  Es imperativo que el presidente gane gobernabilidad para que pase a la Historia como el mandatario que reactivó la economía.