Ecuador. miércoles 20 de septiembre de 2017
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La Consulta Popular como estrategia de supervivencia.

Giuseppe Cabrera V.
Ambato, Ecuador

La supervivencia política de Lenín Moreno depende de la Consulta Popular.

Y es que, si no logra promoverla para plantear los temas centrales para lograr institucionalidad, pronto tendrá problemas de gobernabilidad que se han venido haciendo evidentes en estos primeros meses de su gobierno.


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Como un tema sustancial debería derogar las 15 enmiendas que se aprobaron inconstitucionalmente y a espaldas del pueblo en 2015 por la Asamblea Nacional, esto desde un punto de vista jurídico, porque la vía no fue la adecuada para reformar de la Constitución temas que cambiaron la estructura constitutiva del Estado, además de que el 80% de los ecuatorianos pedían ser consultados vía consulta popular o referéndum, dependiendo la pregunta, sobre lo que se trató en 2015 con las enmiendas.

Pero también existe un tema crucial para la permanencia de Moreno entre esas enmiendas aprobadas y es la de la reelección indefinida, que además de constituirse en una decisión que vulnera el principio básico de la democracia de alternabilidad, también constituye la posibilidad de que los presagios apocalípticos de Moreno se hagan realidad en el 2021 e incluso antes, de lograr generar las circunstancias que en este momento son poco probables: una nueva candidatura de Correa. Y ha sido evidente que el ex Presidente en Bélgica, mantiene el control sobre la gran mayoría de los asambleístas oficiales de AP, que seguramente temen el regreso de Correa y el ajuste de cuentas que el mismo buscará a quienes “traicionaron” la Revolución, antes que verdaderamente profesar una fe ciega ante el líder mesiánico del ático.

Solo de esta forma Moreno logrará finalmente tomar el control de la mayoría oficialista en la Asamblea, para promover las reformas que pregona buscar. Sigo creyente que AP es un movimiento clientelar como la gran mayoría de partidos políticos en Ecuador, por lo que seguramente sin el temor de la sombra de Correa sobre la Asamblea, lo más probable es que la voluntad de los acérrimos correístas se vaya quebrando y se alineen con las propuestas legislativas de Moreno.

Otro tema fundamental, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a pesar del pomposo nombre no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Sin lugar a duda es un mecanismo fracasado, lo ha demostrado con los cuestionamientos que están teniendo hoy en día las designaciones que han realizado: Fiscales Generales que fueron asesores del ex Presidente o primos del mismo, un Contralor prófugo, Jueces Nacionales que mantenían comunicaciones con el Secretario Jurídico de la Presidencia o ex Presidentes del Consejo Nacional Electoral, que apenas terminados sus periodos iban a sacar el carnet de afiliación a Alianza País. Sin duda un organismo que prometió mucho pero que no cumplió nada, su eliminación o reforma es aún discutible, yo soy más favorable a que se le devuelva dicha capacidad de designación al legislativo por principio político. Pero tanto su eliminación o reforma, constituiría una transitoria que permitiría a Moreno dejar insubsistentes las ultimas designaciones, de quienes se dice son muy cercanos al ex Presidente Correa.

Sin duda habrá otros temas que deben plantearse en la agenda de la Consulta Popular, que lo ideal sería que no supere las 10 preguntas, para que se pueda hacer una campaña acertado para las reformas que se planteen. Otros tópicos podrían ser reformados a través de la Asamblea Nacional, como la reforma o derogación de la Ley de Comunicación y la Ley de Plusvalía, pero lo neurálgico es que el tema de la Consulta Popular, se convierta en eje central de la opinión pública, se inserte en el debate diario y se incorpore de forma activa a la sociedad civil desde sus diferentes esferas, permitiendo que organizaciones sociales, medios de comunicación y grupos sociales en general puedan abordar los temas que permitan rearmar de cierta forma la institucionalidad destrozada por 10 años de correísmo. No dependerá de Moreno, sino de la capacidad de crítica y presión que se pueda ejercer desde los variados espacios de participación ciudadana que existen, para buscar un sistema justo y democrático.