Ecuador. lunes 25 de septiembre de 2017
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La década infame del correato

Miguel Molina Díaz
Quito, Ecuador

Al menos dos denuncias penales por tráfico de influencias y escandalosos correos electrónicos filtrados confirman lo que ya sabíamos: en el año 2011, el correato tomó por asalto las cortes y las convirtió en sus herramientas de persecución política.

Desde allí, judicializaron las opiniones de los críticos, criminalizaron la protesta social y destartalaron los principios del Derecho a fin de crear un sistema judicial obediente y temeroso de los gritos procaces y los exabruptos del gran insultador nacional.


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Así, con una Justicia obsecuente y un legislativo religiosamente sometido, se configuró la dictadura electorera, que, asfixiada de parcializados procesos electorales, adecuó el ordenamiento jurídico de la República a un proyecto político autoritario, caricaturescamente mesiánico y folclórico. Comprobar el acierto, que muchos no quisieron ver y otros todavía tienen el descaro de negar, no produce alegría sino tristeza.

De hecho, esta verdad llega muy tarde para quienes se quedaron en la indefensión y fueron víctimas del salvaje escarnio público, durante una década infame. ¿Quién les devolverá a esas familias los años de incertidumbre y miedo, en los pasillos de las cortes, rogando justicia? ¿Quién les devolverá la paz a los que en carne propia entendieron que en este país las acusaciones y las sentencias se emitían bajo la euforia de las sabatinadas, la propaganda que vomitaba el emporio mediático del gobierno y los tuits del gran insultador nacional? ¿Cómo se recupera el tiempo robado por la violencia del Estado y los fanáticos que, por lealtad al caudillo, fueron capaces incluso de agresiones físicas a los críticos en la vía pública? ¿Cómo se rehace, entonces, la vida?

Una de las dos denuncias que hasta hoy se han interpuesto contra Rafael Correa, por la ‘metida de mano’ en la Justicia, es de Cléver Jiménez, el exasambleísta que hoy usa un humillante grillete electrónico, por denunciar la corrupción de los grandes beneficiarios del correato. Mientras escribo estas líneas, Fernando Villavicencio sigue a la espera de que Perú le otorgue asilo político. Es el perseguido político que varios años se adelantó a denunciar los escándalos de corrupción que hoy son pan de cada día.

La semana pasada, Ángel Polibio Córdova, uno de los prohombres más ejemplares del país, conoció que la Fiscalía General del Estado solicita al juez de su caso que fije día y hora para realizar la audiencia en la que se sustentará la acusación. Quién lo denunció fue nada más y nada menos que Rosana Alvarado, la ministra de Justicia de Lenín Moreno y una de las principales cómplices de la década infame. Poderosa como es, denunció a Polibio por supuesta falsificación de documentos en los exit polls de los últimos comicios, con ridículas seudo-pruebas. Nada dijo cuando a lo largo de una década sus encuestadoras oficiales mintieron descaradamente, por ejemplo, en la consulta popular del 2011 y, más recientemente, en la primera vuelta del 2017.

Calló Rosana Alvarado cuando el correato montó un fraude institucionalizado que, con fines electorales, usaba los recursos, el personal y los carros del Estado para las campañas. Esas campañas que le permitieron tantos años gritar consignas feministas en el pleno de la Asamblea Nacional, mientras al momento de votar se sometía al patriarca machista y curuchupa que hoy enfurece guardado en su ático. La vida limpia y transparente de Polibio, por más que su salud se quiebre ante la indignación y el asco, recoge el sentido de la verdadera justicia, algo que ella, desde su despacho de ministra y su memoria de sumisa, jamás lo podrá comprender.

En algún punto de la década infame, permitimos que el secretario particular de Correa, Gustavo Jalkh, destituyera jueces y, con el cuento de pintar paredes, comprar computadoras, contratar personal e inaugurar nuevos edificios, distrajera a la sociedad mientras el corretato hacía y deshacía con los juicios, al ritmo de sus caprichos. Quedan para la historia de la vergüenza los emails, audios y palabras con que Alexis Mera se dirigía prepotentemente a jueces o con las que mandaba a callar al Defensor del Pueblo. Quedan para esa misma historia de oprobio el email en el que Jalkh le dice a Correa: “Esta semana suspendí a dos juezas de Manabí que mediante acciones de protección improcedentes perjudicaban al Estado por tres millones de dólares y seguramente serán destituidas al terminar el proceso, como lo será esta semana que suspendí por el habeas corpus a Noboa y que del proceso se desprende que debe ser destituida. Así que estoy de acuerdo con reformas que eviten abusos que se han producido, sin perjuicio de seguir sancionando a jueces que den mal uso a esas garantías.”

Jalkh, en el fondo, nunca dejó de ser su secretario, y así lo recordaremos. Por él, en el año 2016 el exministro del Interior, José Serrano, se creyó en el derecho de revisar sentencias judiciales y deportar ilegalmente a más de 100 cubanos. Por él, periódicos independientes jamás encontraron en las Cortes resguardo a sus derechos constitucionales, cuando intentaron recurrir las írritas resoluciones de la tristemente célebre Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), órgano estatal de censura y vergüenza. Tres años y un nuevo gobierno tuvo que esperar diario El Universo y el mundialmente respetado caricaturista Bonil, para que la justicia ecuatoriana declarara nula la sanción que el super-dependiente Carlos Ochoa le impuso por su caricatura sobre el violento allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio. Una primera muestra, acaso, de que Ochoa y su órgano de censura caminan, lento pero sin pausa, al basurero de la historia.

Y es que la década infame se sirvió de una constitución, leyes y la institucionalidad del Estado para montar su injusto y corrupto sistema megalómano, lleno de autos sin placas y pesquisas vestidos de civiles, dedicados a atemorizar a quienes se atrevían a pensar diferente. La caída del correato no se dio ni se dará con un cambio de gobierno, sino sólo de la misma forma en que operó su ascenso. Hay que desmontar el modelo y, para eso, es indudable que el primer paso implicaría modificaciones profundas al ordenamiento jurídico que el gran insultador nacional y sus acólitos, en su demencial euforia, crearon para sí mismos. El principio del fin del correato debe ser inevitablemente jurídico y radicalmente ciudadano. Hablemos, ya, de una consulta popular.