Ecuador. sábado 21 de octubre de 2017
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Cámara y justicia, ocultas

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

El espionaje del que ha sido víctima el presidente Moreno, y que es realmente una infracción en contra de la seguridad del Estado, es un delito grave.

Por un hecho prácticamente igual –espionaje a adversarios políticos–, la fiscalía panameña inició una acción penal en contra del expresidente Martinelli, quien está detenido en Miami en espera de ser extraditado por este caso. A ese proceso se le añadieron luego otros por Odebrecht. Aunque hay cosas peores que probablemente estén por develarse –el pus del saqueo revolucionario sale a diario–, esto de que el jefe de la mafia se haya dedicado a fisgonear a su sucesor constituye, sin duda, una muestra de cuán bajo pueden llegar ciertos individuos, y cuán pestilente ha sido el movimiento oficialista. (¿Irá ahora una delegación de asambleístas a la oficina presidencial a constatar lo de la cámara oculta, como lo han hecho con la Refinería de Esmeraldas y Yachay?…).


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Por lo que el país conoce y ha experimentado, es muy probable que el affaire de la cámara oculta quede en nada. Después de todo, los indicios de responsabilidad apuntan al capo de la mafia, y este fue el artífice de un sistema judicial profundamente corrupto y sumiso a él. Las denuncias, videos, testimonios y audios que están saliendo a la luz sobre cómo se traficaba con la justicia, cómo se llamaba a los jueces por teléfono a amenazarlos, cómo se les entregaban las sentencias preparadas, cómo se los obligaba a declarar nulidades donde no las había, o a inadmitir demandas o denuncias cuando no había razón para hacerlo, cómo dizque sorteaban las causas, cómo se retiraba a jueces titulares para reemplazarlos por sicarios judiciales, cómo se convocaba a jueces a despachos para ordenarles cómo resolver casos, cómo destituyeron sumariamente a altos magistrados por el delito de no darle la razón al Estado en controversias tributarias, cómo los guardianes de la constitucionalidad se convirtieron en cantineros cerveceros donde se traficaban resoluciones sin ningún pudor, cómo se liberó de la cárcel al violador de una menor porque dizque era un perseguido político, cómo se vetaba a los candidatos a jueces por sus creencias políticas, cómo se nombraba a jueces por sus lealtades partidistas, vínculos familiares o lazos amorosos, cómo se perseguía penalmente a quienes osaban denunciar estos hechos –y encima tienen ahora el cinismo de venir a preguntarse por qué no se denunciaban estas barbaridades–, todo ello hace dudar que haya justicia para el caso de la cámara oculta. El Ecuador ha perdido una década sin instituciones, y entre ellas la ausencia de justicia ha sido probablemente lo peor.

El presidente no es sino la más reciente víctima del abuso del poder del jefe de la mafia. El atropello que ha sufrido es similar al que han sufrido miles de ecuatorianos. Está por verse si el presidente Moreno es también víctima –como lo ha sido el país– de un sistema judicial inepto y corrupto, y que fue también obra de su antecesor. (O)