Ecuador. viernes 24 de noviembre de 2017
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Comparación odiosa

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

El pasado domingo cumplió seis meses en prisión preventiva el exministro del régimen Correa, Alecksey Mosquera, imputado por la Fiscalía de haber recibido de Odebrecht un millón de dólares cuando ejercía el cargo, en 2008 (la época surge de un informe de la policía de Andorra, país del banco intermediario, que dejó por los suelos la encubridora tesis del “acuerdo entre privados”, levantada sobre la base de que los fondos habrían sido recibidos en 2011, cuando ya no era ministro).


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No obstante, todavía no hay (hasta que escribo estas líneas) fecha para que se realice la audiencia en la que el fiscal debe decidir si presenta o no acusación formal por el delito de lavado de activos anunciado al inicio del proceso, que está castigado con prisión de hasta trece años por tratarse de una cantidad superior a 75.000 dólares (COIP, art. 317).

La susodicha audiencia estuvo originalmente convocada para el 30 de agosto, pero fue suspendida cinco días antes por la jueza Zulema Pachacama, a pedido del exministro y de su padre, también procesado, quienes alegaron, primero, que sus “defensores técnicos” se iban a ausentar del país, y segundo, que “los elementos probatorios no han sido recabados en su totalidad y son importantes para su defensa”.

Una segunda convocatoria, hecha para el pasado 12 de octubre, también resultó fallida, aunque en la página electrónica de la Corte Nacional no consta explicación alguna al respecto.

No hay justificación para semejante retardo. Toda maniobra dilatoria, incluyendo la ausencia del país de los defensores, es rechazable de plano pues un juicio penal iniciado hace seis meses debiera a estas alturas estar sentenciado. Salvo que a propósito se quiera postergar la decisión, en este caso en que se juzga un delito de lavado de activos penado hasta con trece años de cárcel, para que se resuelva primero otro, el juicio por asociación ilícita contra Jorge Glas, tío y compañía, con lo que convenientemente se disimularía comparaciones “odiosas” previas, por la muy (pero muy) inferior pena prevista por la ley para la tal asociación.