Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Inversión extranjera para Ecuador: la agenda pendiente

Andrés Cervantes Valarezo
Ambato, Ecuador

En mayo de 2017, poco antes de terminar el gobierno de Rafael Correa, la Asamblea Nacional procedió a denunciar doce tratados bilaterales de inversión con distintos Estados, entre estos: China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia.


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El momento de la decisión respondió evidentemente a motivos políticos, considerando que los dictámenes de la Corte Constitucional que permiten la denuncia de los tratados datan de varios años antes. Como muestra un botón: el Tratado suscrito con España fue declarado inconstitucional en 2013 y, sin embargo, quedó en el letargo burocrático.

No fue la primera vez que Correa desgastó su capital político en estas condiciones, basta recordar que antes de irse del país concedió indulto presidencial a Antonio Buñay, sentenciado por peculado en el caso COFIEC por haber demostrado –se dice– “arrepentimiento profundo”.

En todo caso, la Asamblea Nacional nunca explicó por qué procedió a denunciar la totalidad de los tratados y no solamente las cláusulas relativas a arbitraje de inversión, que fueron efectivamente declaradas inconstitucionales. Este proceder envió una señal negativa a la Unión Europea, que hace poco había firmado con Ecuador el Acuerdo Multipartes de Comercio gracias a la diligente gestión del Ministro de Comercio exterior de la época, Juan Carlos Casinelli.

Los tratados de protección de inversiones establecen ciertas garantías al inversionista extranjero, entre estas, la posibilidad de resolver los conflictos que puedan generarse con el Estado ante un foro neutral, en un arbitraje internacional. Es difícil confiar en el sistema de justicia de un país que se ubica al final de la lista, en el puesto 91 de 113, del ranking de rule of law, especialmente, si el Vicepresidente está de vacaciones en la cárcel y los escándalos de corrupción son pan de cada día.

Es cierto que la Constitución del 2008 prohíbe el arbitraje internacional cuando es administrado por órganos internacionales como el CIADI, tratado que, dicho sea de paso, fue también denunciado por Ecuador en 2009. Es verdad que el arbitraje internacional está lejos de ser perfecto, pero es el método más importante de resolución de conflictos entre inversionistas y Estados en todo el mundo. Sin embargo, Ecuador no ha hecho nada por llenar el vacío.

Desde hace varios años el gobierno viene trabajando en un proyecto de “Corte regional de inversiones” que no se ha concretado y que está, irremediablemente, destinado al fracaso porque los Estados sudamericanos designarían a jueces permanentes, lo que provocaría una apariencia de parcialidad a favor de quienes los nombraron y que produce, en el inversionista, la misma desconfianza que provoca el sistema de justicia local.

¿Hay luz al final del túnel? Quizás sí. La agenta pendiente en materia de inversión extranjera –me atrevo a opinar– gira alrededor de tres ejes:

1) Atraer nuevas inversiones, diferentes de la explotación petrolera y de otros recursos naturales; 2) para ello, será necesario renegociar todos los tratados denunciados por lo que Ecuador debe preparar un “texto modelo” que sirva de base para la negociación; y, 3) pactar con la Unión Europea –aprovechando la coyuntura– el establecimiento de un Tribunal de Inversiones mixto, compuesto por miembros independientes nominados tanto por Ecuador como por parte de la UE (que es lo que acordaron la UE y Canadá en el CETA). Esto eliminaría buena parte de las objeciones contra el arbitraje internacional y lo volvería constitucionalmente admisible.