El asambleísta Galo Lara ha alegado, en su versión libre ante el Fiscal de Indagaciones Previas, Oswaldo Carvajal, que investiga un asesinato ocurrido en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, que las pruebas presentadas por el Fiscal Galo Chiriboga, para involucrarlo en el caso, han “sido forjadas” como “parte de un proceso de persecución política” en su contra.

Lara sostiene que el acusado Juan Manuel Veliz, cuyo testimonio de que el asesinato fue ordenado por una conviviente de Lara, de nombre Carolina Llanos, ha confesado posteriormente que dicho testimonio fue forzado y que le hicieron firmar un papel que no había leído. El asambleísta también ha citado como descargo que el día que ocurrió el asesinato su conviviente se encontraba dando a luz dos hijos del propio legislador, y que considera poco creíble que la mujer haya ordenado telefónicamente un crimen desde el hospital mientras estaba de parto.

Lara cree que ha sido vinculado con el asesinato como una retaliación a su actividad fiscalizadora al interior de la Asamblea Nacional. En el pasado, la Asamblea Nacional negó la autorización para enjuiciar al congresista por supuestas injurias, solicitada por la ahora exministra de Inclusión Social Ximena Ponce, y apoyada por el oficialismo.

El Fiscal Galo Chiriboga considera que la inmunidad parlamentaria, prevista en la Constitución para proteger a los legisladores, no los ampara cuando el hecho del que se los acusa no se considera como incluido entre las funciones de los un congresista.