Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Inicia reunión de cancilleres de la OEA sobre reforma de la CIDH

La Asamblea General de la Organización de Estados Americano (OEA) sobre el proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este viernes con la presencia de una decena de cancilleres y otros representantes del continente, que acuden divididos en cuanto a la forma de financiación del órgano de derechos humanos.


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La reunión en la OEA inició poco antes de las 16h00 GMT con la presencia de los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño; México, José Antonio Meade; Colombia, María Ángela Holguín; Argentina, Héctor Timerman; Perú, Rafael Roncagliolo, y Chile, Alfredo Moreno.

También acudieron el ministro de Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez; el de Guatemala, Fernando Carrera; el de Costa Rica, Enrique Castillo; el de Paraguay, José Félix Fernández, y el de Grenada, Nickolas Steele.

Por parte de EE.UU. asiste el subsecretario de Estado, William Burns; por Brasil el subsecretario de la Cancillería para Suramérica, Antonio Simoes; por Bolivia el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, y por Venezuela y Nicaragua sus embajadores ante la OEA, Roy Chaderton y Denis Moncada, respectivamente.

Al comienzo de la reunión, el ministro mexicano propuso a su homólogo costarricense para presidir la reunión, algo que respaldaron el resto de delegaciones.

Antes de la reunión, los cancilleres participaron en varias reuniones cerradas para tratar de cerrar un acuerdo en puntos relacionados con la financiación, que impidieron llegar a un consenso en el Consejo Permanente de la OEA antes de la cita.

Patiño dijo a periodistas al llegar a la OEA que Ecuador “no cree que será posible alcanzar hoy un acuerdo, a menos que se plantee una alternativa de una discusión a posteriori, después de algunos meses, con profundidad sobre el tema de los derechos humanos”.

Mientras, el canciller chileno dijo a Efe que todos los fondos que recibe la CIDH, tanto de los Estados miembros de la OEA como externos, “son importantes”, y que la reforma que la Comisión ya ha aprobado para sí misma “satisface ampliamente las preocupaciones que tenía” Chile, que comparte posición con países como México y Perú.

El borrador de resolución “toma nota” de la reforma de su propio reglamento que la CIDH aprobó el lunes pasado, y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, lo que otorgaría un respaldo explícito de los Estados a ese trabajo de la Comisión como órgano autónomo.

No obstante, un grupo de países liderado por Ecuador ha abierto un nuevo debate, centrado fundamentalmente en cómo financiar la Comisión y sus ocho relatorías, centradas en colectivos específicos.

Ecuador defiende que la CIDH se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA y contribuciones voluntarias de los Estados miembros, lo que elimina la posibilidad de que busque fondos fuera de ese esquema, por ejemplo en la Unión Europea (UE), que financia hoy una buena parte de las actividades de la Comisión.

El borrador de resolución que estudiarán los cancilleres se compromete a “lograr el pleno financiamiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) a través del presupuesto regular de la OEA”, como solicita desde hace años la Comisión.

Sin embargo, matiza que, “mientras se alcanza un compromiso”, se “invita a los Estados miembros, a los Estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias (…), y preferentemente sin fines específicos”.

Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han pedido eliminar la palabra “preferentemente” de la resolución, por considerar que cualquier fondo otorgado a un proyecto concreto, como los que financian la Relatoría de la Libertad de Expresión, puede esconder fines políticos.

Otra de las ideas que debatirán los cancilleres es la de convertir todas las relatorías de la CIDH en especiales, es decir, otorgarles el mismo rango que la de Libertad de Expresión y encargarlas a una persona a tiempo completo, aunque esto estaría condicionado a que se aumenten las aportaciones de los Estados.

De llamar alguno de los cancilleres a votación, la eventual resolución debería aprobarse por una mayoría simple de 18 votos, un esquema en el que es clave la posibilidad, aún no determinada, de que los países caribeños emitan sus 14 votos en bloque. EFE