Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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La SIP apoya la demanda contra la ley de medios de Ecuador

MIAMI (AP) — La Sociedad Interamericana de Prensa pidió el jueves que la Corte Constitucional de Ecuador acepte la demanda de inconstitucionalidad de ley orgánica de comunicación que presentaron 60 ciudadanos de la nación sudamericana y reiteró que la normativa restringe la libertad de expresión y representa un retroceso para la libertad de prensa en todo el continente.


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“Esta ley restringe la libertad de expresión, poniendo en manos del Gobierno, mediante organismos y personal designado por el Presidente, el control completo del flujo informativo”, expresó Claudio Paolillo, presidente de la comisión de libertad de prensa e información de la SIP al explicar porqué la organización apoya las demandas de inconstitucionalidad. “Es el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”, dijo.

La primera demanda de inconstitucionalidad de la norma ante la Corte fue presentada el 28 de junio, seguida por otra similar el pasado martes por 60 periodistas, escritores y ex asambleístas.

La ley orgánica de comunicación, impulsada por el presidente Rafael Correa, que entró en vigencia el 25 de junio convirtió el derecho a la comunicación en un servicio público que puede ser controlado por el Estado. La normativa fue aprobada por la mayoría del partido de gobierno, Alianza País, que domina la Asamblea.

De acuerdo con la organización de prensa, la normativa implica “un secuestro informativo” por parte del gobierno, cuya consecuencia será “la autocensura de los medios por temor a represalias y castigos”.

La legislación permite al gobierno entrometerse e imponer contenidos a los medios; relanza la figura de la colegiación obligatoria, que ha sido derogada en la mayoría de países; crea nuevos delitos de prensa como el “linchamiento mediático”; prohíbe a propietarios de medios tener otras actividades económicas; y crea organismos y consejos gubernamentales con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas, entre otras cosas.

Los demandantes piden a la Corte que los escuche en una audiencia pública y plantean medidas cautelares para que se suspenda de inmediato la aplicación de la ley.

Consideran además que la Asamblea Nacional habría transgredido el proceso legislativo y la Constitución en la redacción y edición del texto, y en el hecho de que no se registraron las sesiones necesarias de debate parlamentario.

Con sede en Miami, la SIP está integrada por más de 1.300 publicaciones del continente americano.