Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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Suspenden audiencia a Galo Lara que resolvería fianza de excarcelación

El político ecuatoriano, Tito Galo Lara Yépez, asiste a una audiencia en el Tribunal Supremo el martes 5 de agosto de 2014, en Ciudad de Panamá (Panamá). La sala penal de la Corte Suprema de Justicia panameña suspendió hoy la audiencia oral en la que tenía previsto atender una petición de fianza de excarcelación a favor del exasambleista ecuatoriano Tito Galo Lara Yepes, detenido en Panamá desde junio pasado tras serle revocado su asilo en este país. EFE/Alejandro Bolívar

Panamá, 5 ago (EFE).- La sala penal de la Corte Suprema de Justicia panameña suspendió hoy la audiencia oral en la que tenía previsto atender una petición de fianza de excarcelación a favor del exasambleista ecuatoriano Tito Galo Lara Yepes, detenido en Panamá desde junio pasado tras serle revocado su asilo en este país.


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El magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, quien presidió la audiencia, la suspendió hasta nueva fecha en razón de que él y otros dos magistrados del tribunal están impedidos de conocer la petición de fianza pues ya han tenido actuaciones previas en este proceso.

Una de estas actuaciones fue en relación con un recurso de habeas corpus presentado con anterioridad por la defensa de Lara Yepes, dijo Díaz en la audiencia a la que asistió el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, asilado en Panamá, quien no hizo declaraciones a la prensa.

Lara Yepes y Bucaram intercambiaron saludos en la Sala de Casación, en donde tuvo lugar la audiencia en mención.

Díaz, por su parte, explicó a los representantes del Ministerio Público (MP) y a la defensa que el lunes próximo se reunirán con el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, que está fuera del país, para resolver la situación presentada con el impedimento de los jueces y escoger una nueva fecha para la audiencia.

En tanto, Javier Quintero, uno de los abogados de Lara Yapes, sugirió al Tribunal que la convocatoria de magistrados suplentes no se limite solo a los de la Sala Penal, sino que abarque a todo el pleno de togados de la CSJ.

Quintero dijo a los periodistas que presentaron la solicitud de fianza porque tienen “evidencias claras” de que la condena impuesta a Lara Yepes en Ecuador, por su supuesta complicidad en un homicidio y que llevó a que se le revocara el asilo en Panamá, fue por “razones netamente políticas”.

José Brandao, del equipo de defensa de Lara, dijo a Efe que de aprobarse la excarcelación el tribunal consignaría el monto de la fianza en dinero o bienes, luego de lo cual determinaría su libertad con impedimento de salida del país mientras la Cancillería panameña decida su extradición o no al Ecuador, que la ha solicitado.

Lara Yepes llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del entonces presidente, Ricardo Martinelli, le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró en una decisión inédita en la historia diplomática del país.

El exasambleista ecuatoriano está detenido desde el pasado 11 de junio, luego de que la CSJ resolviera en una audiencia que el opositor ecuatoriano debe permanecer en prisión preventiva hasta que la Cancillería de Panamá decida sobre su extradición a Ecuador.

El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2003-2005) lo visitó la semana pasada en el Pabellón 6 de la cárcel de máxima seguridad La Joya, en la capital.

Gutiérrez pidió a Panamá que reconsidere el haberle revocado el asilo a Lara y le permita quedarse en el país porque en Ecuador su vida peligra.

La Cancillería panameña ha explicado que revocó el asilo porque recibió “documentación” de Ecuador que “constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política” en contra del exlegislador.

Lara Yepes, condenado el 2 de septiembre de 2013 a 10 años de prisión, había sido declarado por el mismo caso inocente por la justicia ecuatoriana en diciembre de 2012, cuando fue acusado de ser el “autor intelectual” de la muerte de una pareja y su hijo en la localidad de Quinsaloma, caso por el que fueron condenadas cuatro personas a 20 años de prisión. EFE