Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Ecuador debe asegurar que discapacitados tienen acceso a proceso penal justo, según informe

Ecuador debe modificar su legislación para asegurar que las personas con discapacidad tengan derecho a un proceso penal con todas las garantías y en iguales condiciones que el resto de ciudadanos.


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Esta es una de las principales recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace en su informe, difundido este viernes, sobre Ecuador, país al que examinó los pasados 22 y 23 de septiembre.

Al Comité le preocupa que Ecuador no garantice el debido proceso a personas con discapacidad acusadas de haber cometido un delito y por eso le pide que modifique la ley.

Al Comité le preocupa que la declaración de inimputabilidad frente a personas con discapacidad sea pretexto para aplicar medidas de seguridad privativas de la libertad con duración indefinida y que las mismas no estén sometidas a las garantías que tienen el resto de las personas en el sistema de justicia penal“, según el informe.

Es por ello que los expertos recomiendan a Ecuador “eliminar la declaratoria general de inimputabilidad cuando una persona con discapacidad sea acusada de un delito, con el objeto de que tenga derecho a un debido proceso, en iguales condiciones que los demás, y de que se cumpla con las garantías generales del derecho penal sustantivo y procesal”.

Asimismo, el Comité solicita a Ecuador que “elimine las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y promueva alternativas que sean respetuosas con los artículos 14 y 19 de la Convención”.

Precisamente, los expertos solicitan al Gobierno ecuatoriano que elabore un plan integral que permita la “desinstitucionalización” de las personas que se encuentran en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, “proveyéndoles condiciones de seguridad personal y garantías para que puedan ejercer su derecho de ser incluidas en la comunidad”.

Siguiendo en el ámbito de la Justicia, el Comité recomienda a Ecuador “implementar un plan nacional de adecuación por parte del Consejo de la Magistratura a efecto de que las instalaciones judiciales cuenten con adecuadas condiciones de accesibilidad tanto desde un punto de vista arquitectónico como de comunicaciones”.

“Y que se incluya la obligación de proporcionar intérpretes en lengua de señas ecuatoriana y adecuaciones de lectura simple para la participación de personas sordas o con discapacidad intelectual, respectivamente”, agrega el informe.

Respecto a la accesibilidad, el Comité solicita que se implemente un programa integral de adecuación del transporte público, incluyendo las zonas rurales, “para que en un tiempo predeterminado se logre que todo el transporte sea accesible”.

Finalmente, con respecto a la educación, los expertos de la ONU recomiendan poner en marcha programas que aseguren que todas las personas con discapacidad puedan tener acceso a la educación básica, media y media superior.

Ecuador debe incrementar los esfuerzos para la implementación de los modelos de educación inclusiva para la población con discapacidad en el nivel universitario, para lo cual se deberá fomentar la realización de ajustes al programa curricular y a los espacios físicos de las universidades en las distintas carreras que ofrecen”, concluye. EFE