Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Contraloría: contrato entre MCSquared y Presidencia no tiene irregularidades.

La Contraloría General del Estado concluyó que el contrato entre la empresa MCSquared y la Secretaría General de la Presidencia de la República no tiene irregularidades.


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“La ejecución (…) y los productos fueron desarrollados y entregados dentro de los plazos, objeto y demás obligaciones contractuales, de acuerdo con la información contenida en los informes de gestión, en las actas de entrega recepción parciales y en los productos digitales”, dice el informe DAAC-0082-2015, aprobado en enero de este año, pero colgado en la página web de la Contraloría durante esta semana.

MCSquared fue contratada por $ 6,4 millones para realizar una campaña internacional de relaciones públicas y comunicación para posicionar la imagen del Gobierno, especialmente en su cruzada contra la multinacional petrolera Chevron. El contrato fue suscrito por la embajadora en Estados Unidos, Nathalie Cely, y la directora de la firma, María del Carmen Garay, el 6 de mayo del 2013. Concluyó el 30 de abril del 2014.

Su tarea contempló el acompañamiento a funcionarios públicos en charlas, pautaje en medios, en sitios web y redes. Uno de sus ejes propagandísticos fue conseguir que celebridades como Mia Farrow o Danny Glover, entre otros, se sumen a la campaña “La mano sucia de Chevron”, que consiste en meter la mano en una piscina contaminada por la petrolera y mostrarla al mundo.

El contrato se hizo público a mediados del año pasado, luego de que MCSquared lo declarara ante el Departamento de Justicia de EE.UU., tal como lo exige la legislación de ese país.

En septiembre, la Contraloría inició un examen especial a los procesos precontractual y contractual; y en octubre, la Fiscalía abrió una indagación previa, debido a las denuncias de mal manejo de fondos públicos.

Según el asambleísta Andrés Páez (CREO), se registraban “graves inconsistencias y precios inflados”. Por ejemplo, de una web que habría costado $ 1,2 millones, o de estudios y encuestas, $ 1 millón.

El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien solicitó la contratación, y la embajadora Cely, quien la firmó, fueron llamados a declarar por la Fiscalía pero no acudieron, argumentando que antes de iniciarse un proceso penal era necesario un informe de la Contraloría.

En diciembre, como parte de un proceso judicial en Estados Unidos, María de Carmen Garay adelantó que la auditoría estatal demostraría que no hubo irregularidades. Y así fue. “Para la Contraloría, MCSquared es un caso cerrado”, aseguraron, con el informe final en la mano, técnicos del organismo de control a Diario El Universo.