Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Abogados dicen que 98 personas han sido procesadas por protestas en Ecuador

ECUADOR - QUITO - 17/06/2015 - Protestas en contra del gobierno. FOTOS API/JUAN CEVALLOS.

Un total de 98 personas detenidas entre el 13 y 26 de agosto en el marco del paro nacional y levantamiento indígena en contra de ciertas políticas del Gobierno han sido procesadas jurídicamente, aseguró hoy Harold Burbano, uno de los abogados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.


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Según Burbano, en las protestas se detuvo a 132 personas, a 98 de las cuales se les inició una instrucción fiscal y, de ellas, 61 tienen prisión preventiva.

El pasado martes, la Fiscalía de Ecuador reportó un total de 126 detenidos, a 64 de los cuales se les dictó prisión preventiva, con fines de investigación.

En una rueda de prensa en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Burbano añadió que seis líderes del movimiento indígena tienen “abierta una investigación previa”.

El abogado indicó que los procesos a las personas, que pertenecen en su mayoría a las provincias de Loja y Pichincha, son básicamente por delitos de obstrucción a servicios públicos y el de ataque o resistencia a la autoridad.

Explicó que el primer delito está penado con cárcel de uno a tres años y el segundo de seis meses a dos años.

María Espinoza, abogada y defensora de derechos humanos, pidió en la rueda de prensa que el Estado investigue actos que tildó de “violaciones a los derechos humanos” durante las protestas, y que se sancione a los responsables.

De su lado, representantes del Ministerio del Interior denunciaron durante las jornadas de protesta actos de violencia por parte de los manifestantes y apuntaron que se reportaron más de 100 heridos en las filas de policías y militares.

Katty Betancourt, dirigente de la mujer de la Conaie, tildó hoy de “incoherente” que en un Estado “plurinacional quienes salen más atacados, más violentados tengamos que ser nuevamente los pueblos y nacionalidades indígenas”.

“Queremos decir ya basta, no tenemos por qué nosotros seguir aguantando todas estas violaciones. Rechazamos y le decimos al señor presidente que esta no es su hacienda, que nosotros hemos luchado para cambiar este país y que este es un país que ya superó eso y que aquí se tiene que respetar los derechos humanos”, dijo.

Entre sollozos pidió a los militares que cumplan su función “de defender al país y no irse contra el pueblo”.

En la rueda de prensa en la Conaie se reiteró que están a la espera de la visita de delegados de la relatora de la ONU para los derechos de los indígenas.

El pasado lunes, la relatora de la ONU para los derechos de los indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió que se investigue, de manera justa e imparcial, los actos de violencia en torno a las movilizaciones convocadas por grupos de indígenas en Ecuador, que se sumaron a protestas de ciertos gremios sindicales.

Tauli-Corpuz, experta en derechos humanos, exhortó a todas las partes involucradas, incluido el Gobierno, a que recuperen la calma y acudan al diálogo para poner alto a la violencia que se registró en las manifestaciones, según se informó desde Ginebra.

“Es fundamental que se lleve a cabo una investigación justa e imparcial de todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares”, dijo Tauli-Corpuz.

El pasado sábado, un grupo de indígenas que permaneció por diez días en un parque del centro de Quito, en protesta contra el Gobierno, abandonó la ciudad, pero sus dirigentes aseguraron que el “levantamiento” o movilización de las comunidades continuará.

El “levantamiento” convocado por la Conaie demanda, entre otros, el archivo de unas enmiendas constitucionales que estudia la Asamblea Nacional, que incluyen la posibilidad de reelección de autoridades, entre ellas la presidencial.

El jefe de Estado, Rafael Correa, que ha asegurado que no cederá ante la violencia, ha afirmado que las manifestaciones de ciertos indígenas y sindicatos caen en “el juego a la derecha” y otros grupos poderosos nacionales e internacionales interesados en desestabilizar a los llamados Gobiernos progresistas de la región.

Correa, que tiene el respaldo, entre otros, de indígenas y sindicatos, ha insistido en que hay una estrategia regional, a la que ha denominado “golpe blando”, que incluye el “calentamiento de las calles” con protestas, como ha sucedido en Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil. EFE (I)