Ecuador. Viernes 26 de Mayo de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Militares en servicio pasivo piden desobediencia civil ante enmienda

Fuerzas Armadas del Ecuador. Foto de Archivo, La República.

Quito.- Como reacción a la enmienda constitucional aprobada el pasado jueves 3 de diciembre por la Asamblea Nacional, por la cual las Fuerzas Armadas podrá participar en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, militares en servicio pasivo piden “desobediencia civil”.

Además, el Frente de Defensa de las FF.AA. anunció, según reportó Diario La Hora, que demandaran la inconstitucionalidad de esa enmienda ante la Corte Constitucional, pese a que ese organismo ya avaló en primera instancia el trámite de las enmiendas impulsadas y aprobadas por Alianza País.

“Son violaciones a la Constitución que no deben ser acatadas”, señalaron los oficiales del Ejército (sp) Jaime del Castillo y Alberto Molina. Además, se preguntaron: “¿Cómo el jefe del Comando Conjunto se puede subordinar a la Policía, y los militares salir a las calles para colaborar con la seguridad ciudadana con armamento y equipo no convencional?”

También Castillo manifestó a La Hora que “estos son aspectos que conculcan derechos y que en la práctica no podrán cumplirse por los riesgos que conlleva. Definitivamente las violaciones a la Ley y a la Constitución no deberían cumplirse. Esto es una barbaridad”.

El principal cuestionamiento que los oficiales retirados hacen tiene que ver con el armamento de los militares que consiste en fusiles, morteros o artillería, a diferencia de los toletes y gases lacrimógenos de la policía. Consideran que el armamento militar es incompatible para una colaboración hacia la policía a fin de controlar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, el estándar internacional al respecto, por ejemplo el establecido en el Sistema Intermaericano de Derechos Humanos, restringe el uso de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna porque no tienen entrenamiento para tratar con población civil y existe un alto riesgo de vulneración hacia los derechos humanos. (I)