Ecuador. Martes 25 de Julio de 2017
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Contraloría ratifica que ISSFA debe devolver 41 millones por la compra de terrenos en Guayaquil

Parque Samanes, en una fotografía de 2014, publicada por la agencia Andes.

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) debe devolver 41 millones de dólares al Ministerio del Ambiente (MAE) por la compra de 66 lotes de terreno en los que se encuentra ubicado el Parque Samanes, en la ciudad portuaria de Guayaquil, ese fue el resultado del examen especial que realizó la Contraloría General del Estado a los contratos de compra-venta.


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El informe aprobado por la Contraloría coincide con el informe de la Procuraduría del Estado en el sentido de que se inobservaron normas legales en la negociación, lo que derivó en un sobre avalúo de unos 41 millones de dólares del predio. En 2010 el MAE canceló la suma de 48 millones de dólares, según un avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Miduvi (Dinac).

La Contraloría en el informe aprobado el pasado 29 de abril estableció que el MAE y el ISSFA “inobservaron” lo dispuesto en los artículos 226 de la Constitución y 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Según el documento, para la compra de los terrenos “se debía considerar el avalúo catastral actualizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad de Guayaquil, que constituye la localidad donde se encuentran ubicados los predios de la negociación; ocasionando que el Ministerio del Ambiente cancele al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, un valor en más de 41.090.491.04 dólares”.

En las recomendaciones el informe indica que el Ministro del Ambiente, el Director General y los Miembros del Consejo Directivo del ISSFA “ejercerán las acciones necesarias para recuperar y devolver, respectivamente, los valores pagados en exceso”.

El informe de la Contraloría, al que tuvo acceso la Agencia Estatal Andes, también destaca que al hacer el avalúo la Dinac no se tomó en cuenta que los 66 lotes de terreno de Samanes eran empleados como terrenos agrícolas y más bien se los consideró como predios urbanizados, lo que causó una “distorsión” en el avalúo total.

La Contraloría inició el examen especial el pasado cinco de febrero.

Fuente: Agencia Andes