Ecuador. Miércoles 28 de septiembre de 2016
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Ecuador alista respuesta al fallo del Comité de ONU sobre hermanos Isaías

Guillaume Long. Foto de archivo

El Estado ecuatoriano presentará dentro del plazo establecido una respuesta al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitido ante la demanda presentada en el año 2012 por los hermanos William y Roberto Isaías, informa Diario El Universo.

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Así lo aseguró el canciller Guillaume Long el pasado lunes en una rueda de prensa, en Quito, en la que no se admitieron preguntas de la prensa.

Según el funcionario, Ecuador emitirá el pronunciamiento en los 180 días que solicitó el organismo para conocer las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen que indica que el Estado “debe dar plena reparación” de los derechos afectados y asegurar que los procesos civiles cumplan con las garantías.

El Comité, además, solicitó a Ecuador que publique y le dé amplia difusión al dictamen, el cual ha tenido una interpretación por parte de la defensa y otra del Estado.

Los Isaías solicitaron al Comité de la ONU que declare nulo todo lo actuado en el juicio penal seguido en Ecuador y que se devuelvan las propiedades incautadas por el Estado para reparar las pérdidas por la quiebra de Filanbanco en 1999.

El Comité consideró que el mandato Constituyente Nº 13, “que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destituir, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar, a los jueces que avocaren conocimiento de este tipo de acciones, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a un proceso con las debidas garantías en determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

Para sus abogados, esto implica que el Estado debe restaurar la situación jurídica de los Isaías, devolver sus bienes e indemnizarlos, pero Long dijo que si bien el Comité considera que existió una afectación del derecho de los autores no determinó ninguna violación respecto a la incautación de activos ni se refirió a su legalidad o validez jurídica. (I)

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