Ecuador. jueves 21 de septiembre de 2017
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Procesan a expresidenta Fernández por asociación ilícita

En esta fotografía de archivo del 9 de diciembre de 2015 la entonces presidenta argentina Cristina Fernández revela el busto de su difunto esposo y antecesor Néstor Kirchner en la casa de gobierno en Buenos Aires. Un juez argentino procesó el martes 27 de diciembre de 2016 a Fernández por los supuestos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en un caso de corrupción en la obra pública. (AP Foto/Ricardo Mazalan, Archivo)

BUENOS AIRES (AP) — La delicada situación judicial de la expresidenta argentina Cristina Fernández se complicó el martes luego de que un juez la procesó por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.


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El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.

El Centro de Información Judicial reprodujo en su página de internet el dictamen del magistrado en el que también ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de 10.000 millones de pesos (unos 633 millones de dólares). Los procesamientos no contemplan la prisión preventiva y pueden ser apelados.

El juez dijo en su fallo que “se encuentra acreditado” que la exmandataria y los exfuncionarios “habrían formado parte de una asociación” que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz” en el sur argentino.

La asociación ilícita prevé una pena de hasta 10 años de prisión y la administración fraudulenta hasta seis años.

“La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió la expresidenta en un mensaje publicado en Facebook. Y apuntó nuevamente contra el gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de una supuesta maniobra, en complicidad con jueces, para perjudicar su imagen en momentos en que la situación económica del país no repunta.

“¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?”, se preguntó.

En mayo de 2003 asumió como presidente Néstor Kirchner, fallecido marido y antecesor de Fernández. Durante su mandato De Vido y López ocuparon los cargos de ministro de Planificación Federal y secretario de Obras Públicas, respectivamente, que luego renovaron durante la gestión de Fernández (2007-2015).

Ercolini consideró que los acusados habrían violado el “deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad” con el aparente fin de “procurar un lucro indebido propio o de terceros”, en este caso de Báez.

“Se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Antonio Báez por sumas mayores en promedio al 15% del valor del presupuesto original”, afirmó el magistrado.

El monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas a Báez asciende a 46.000 millones de pesos (unos 2.911 millones de dólares), según el fallo.

Ercolini pidió al Banco Central que inmovilice y congele las cuentas bancarias que tengan a su nombre los procesados con excepción de aquellas en las que se depositan sus sueldos o jubilaciones.

Entre otras personas, el juez también procesó por los mismo cargos a Carlos Kirchner, primo del expresidente y quien trabajó en el Ministerio de Planificación.

“No sorprende (la medida). Se apela. La causa no existe”, afirmó Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, en su cuenta de Twitter.

Al declarar recientemente por escrito ante Ercolini, la expresidenta peronista sostuvo que no es socia comercial de Báez y negó las acusaciones en su contra.

Afirmó que la obra pública requiere de la aprobación del Parlamento y pidió que se realice una auditoría completa de los contratos de adjudicación de obras públicas durante sus dos mandatos.

El cerco judicial sobre la exmandataria se ha estrechado en los últimos meses.

En mayo fue procesada por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado y está acusada de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En tanto, De Vido irá a juicio oral como presunto responsable del choque en 2012 de un tren en el que murieron 51 personas.

Por su parte, López está preso por supuesto enriquecimiento ilícito tras ser sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con varios millones de dólares en un monasterio y Báez tiene prisión preventiva en una causa por presunto lavado de dinero.

(I)