Ecuador. viernes 24 de noviembre de 2017
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Asamblea debatirá mañana proyecto de ley sobre paraísos fiscales

Sesión de la Asamblea Nacional. Foto de la página web de la Asamblea.

La Asamblea Nacional de Ecuador realizará mañana en primer debate el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular en la que los ecuatorianos decidieron que se prohíba a los cargos públicos poseer bienes en paraísos fiscales.


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La presidenta del legislativo, Gabriela Rivadeneira, convocó a la sesión del pleno para tratar el proyecto, que cuenta con el informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que, previamente, escuchó las opiniones y sugerencias de diversas instituciones inmersas en esta temática, indicó la Asamblea.

En un comunicado, la Asamblea añadió que oportunamente, los legisladores recibieron los aportes del Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Contraloría General del Estado y Ministerio de Trabajo.

“La Comisión consideró pertinente modificar el texto del artículo 1 respecto al ámbito de aplicación, a fin de adecuarlo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, de modo que la ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor público”, indicó.

Prevé que el objeto de la prohibición en la norma es la tenencia de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, tal como reza la pregunta formulada en la consulta popular, detalló.

Se incluye un artículo para que el Servicio de Rentas Internas (SRI), en su calidad de entidad nacional autorizada para la recaudación tributaria, sea la responsable de emitir la lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.

La Contraloría General del Estado tendrá la competencia de verificar el cumplimiento de la normativa y “todas las entidades públicas y privadas deberán entregar información cuando la institución lo requiera, en el marco de una auditoría o examen especial”, añadió.

Además, se encargará de solicitar a la autoridad competente la destitución del servidor público infractor; en “caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de 10 días”.

Apuntó que en cumplimiento de los principios de igualdad y seguridad jurídica se otorga un período de gracia de un año para que los servidores públicos o dignatarios de elección popular cumplan las disposiciones de la ley cuando el SRI incorpore dentro del listado de paraísos fiscales a un nuevo territorio o jurisdicción.

En marzo pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular en la que los ecuatorianos decidieron que se prohíba a los cargos públicos poseer bienes en paraísos fiscales.

Esa consulta recibió el voto favorable del 55,12 % de los electores, mientras que el 44,8 % votó en contra de la medida en las elecciones del 19 de febrero, cuando los ciudadanos también ejercieron el derecho al sufragio para elegir al próximo presidente del país, a los legisladores y a los parlamentarios andinos.

La decisión popular fue calificada de “gran noticia” para el mundo por Correa cuando se conoció que el “Sí” a la propuesta que él aupó contaba con el respaldo mayoritario de los votantes.

La iniciativa, que establece un plazo de un año para que quienes posean bienes en paraísos fiscales los repatríen, fue defendida por el mandatario con el argumento, entre otros, de que aunque sea legítimo tener dinero o bienes en este tipo de cuentas, “no es ético”.

El Gobierno ecuatoriano, además, ha llevado a cabo una campaña internacional para promover su iniciativa en todo el mundo en el contexto de lo que denomina “pacto ético” y ha presentado sus planteamientos en varias instancias de la ONU y en el Vaticano, entre otros ámbitos.

Ecuador ve en este combate también un mecanismo de lucha contra la corrupción y denuncia que las “elites” del país han enviado a territorios considerados paraísos fiscales 30.000 millones de dólares con los que se pudieron haber creado numerosos puestos de trabajo o haberse construido escuelas y hospitales gracias a los impuestos pagados por esos recursos. EFE