¿Está el sector privado dispuesto a “tomar la posta”?

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22 Sep 2016

En las últimas semanas, las principales autoridades económicas del Gobierno han coincidido en señalar que, una vez que el sector público ha realizado una cuantiosa inversión en infraestructura, es hora de que el sector privado “tome la posta” para mantener un dinamismo en el nivel de actividad. Lo dijo el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en una entrevista con El Telégrafo: “Siempre nuestra decisión fue alcanzar una gran inversión pública durante algunos años para que luego el sector privado tome la posta porque la inversión pública no es sostenible en el tiempo”. Y también el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, en un evento con empresarios y representantes de organismos multilaterales: “Este es el momento de que la actividad privada tome la posta para dinamizar la economía, en el marco de reglas claras que promuevan un equilibrio entre los rendimientos de los empresarios y el bienestar de toda la población.”

En estas declaraciones, además del reconocimiento implícito de que el crecimiento de la economía en los últimos años estuvo atado al desempeño del Estado (es decir, al incremento del gasto público), hay un elemento adicional que merece ser analizado: la (aparente) confianza de las autoridades económicas en que el sector privado está dispuesto a asumir el rol protagónico como motor de la actividad que durante la actual administración ha estado a cargo del sector público, como si en todo este tiempo hubiera existido una suerte de acuerdo tácito entre el Gobierno y las empresas para que éstas posterguen sus inversiones hasta que la inversión pública en infraestructura estuviera concluida.

Lo cierto es que si el sector privado ha moderado sensiblemente su ritmo de inversión durante la actual administración no ha sido a la espera de una mejora en la infraestructura (que evidentemente favorece el desempeño de las actividades privadas), sino por la incertidumbre que el modelo económico genera y, sobre todo, por los constantes cambios normativos, que continuaron incluso en 2015 y 2016, cuando ante la caída de los ingresos fiscales y el consecuente recorte del gasto público en inversión, el Gobierno ya debería haber tratado de promover una mayor inversión privada.[1]

Las cifras oficiales muestran el pobre comportamiento de la inversión privada a lo largo de la gestión del Presidente Correa. En el período 2001-2006, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la inversión física del sector privado, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo (lo que se denomina formación bruta de capital fijo) creció a una tasa promedio anual de 11,5% en términos reales (es decir, en volumen de inversión), mientras que entre 2007 y 2014 (último dato disponible) el crecimiento se redujo al 1,3% anual, pese a que en esos años la demanda interna –alentada por el enorme gasto público– creció, en promedio, a tasas anuales superiores al 5%. En tanto, La inversión extranjera directa, que entre 2001 y 2006 representó en promedio el 2,5% del PIB, redujo su participación a 0,8% entre 2007 y 2015.

La situación, al parecer, no va a cambiar en este año. Según una encuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) a 85 de las principales empresas del país (cuyas ventas representan cerca del 15% del PIB), al cierre del segundo trimestre de 2016 más de las dos terceras partes de esas empresas no tenían previstos nuevos proyectos de inversión para lo que restaba del año. Y entre esas empresas que no tenían previsto invertir, una buena parte había decidido aplazar o directamente cancelar las inversiones programadas. La reducida demanda de crédito de parte de las empresas (pese a la voluntad de los bancos para colocar préstamos) confirma lo que ya anticipaba la encuesta, es decir, que el sector privado, más allá de unos pocos proyectos puntuales que no alcanzan para reactivar la economía, no se muestra dispuesto a “tomar la posta”.

De hecho, ¿por qué estaría el sector privado, que no invirtió en grandes cantidades cuando la economía estaba creciendo, dispuesto a hacerlo en un año para el cual el propio BCE espera una contracción de 1,7% en el PIB y de más de 5% en la demanda interna? ¿Por qué creen las autoridades económicas que las empresas van a “tomar la posta” cuando la inseguridad jurídica (expresada en más de una decena de reformas tributarias) y los desincentivos a las actividades productivas (como el anticipo del Impuesto a la Renta) siguen presentes?

Como bien señaló el ministro Herrera, la inversión pública que se llevó a cabo en los años de bonanza económica no era sostenible en el tiempo. El problema, pese a que ahora las autoridades económicas aseguren que eso estaba previsto, es que este Gobierno nunca generó las condiciones para que la inversión privada acompañara (o incluso sustituyera) a la pública y se evitara, de ese modo, la dependencia que la economía en su conjunto desarrolló hacia el gasto fiscal. Por tanto, para que las empresas empiecen a invertir en niveles que permitan reactivar la economía y generar empleo, el primer paso debe ser cambiar un modelo económico que, no sólo en Ecuador, sino también en países como Argentina, Brasil y Venezuela, ha dado claras muestras de ser inviable.

 

[1] Según declaraciones del gerente del BCE, en 2015 se registró un crecimiento de la inversión privada. Sin embargo, el mismo BCE, que anticipa que este año la inversión se contraerá 9,8%, reportó que el año pasado la inversión total cayó 5,9%, lo que refleja que el presunto crecimiento de la inversión privada fue insuficiente.

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