¿Qué busca el Gobierno con las últimas resoluciones en torno a los bancos?

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1 Dic 2016

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la semana pasada varias resoluciones que a primera vista parecerían tener injerencia solamente sobre el funcionamiento del sistema bancario del país, pero que, a pocas semanas de las elecciones presidenciales y con una situación fiscal bastante estrecha, podrían formar parte de una estrategia más amplia del Gobierno.

La resolución 302-2016-F establece que para los bancos con activos que superen los $1.000 millones, el encaje bancario, es decir, el porcentaje de las captaciones de los bancos privados que debe estar depositado en el Banco Central (BCE), pase de 2% a 5%. Si bien el efecto inmediato de esa medida es nulo, porque, dada la baja demanda de crédito, todos los bancos afectados por la resolución tienen depositados en el BCE montos mayores al nuevo requerimiento legal, el incremento en el encaje implica una restricción de la liquidez que los bancos pueden usar. En ese sentido, resulta llamativo que el Gobierno, empeñado como está en mostrar una mejora en el nivel de actividad, tome una decisión que, lejos de favorecer la oferta de crédito en el país, la restringe.

Pocos días antes de modificar el encaje legal para los bancos más grandes, la misma Junta emitió una resolución (301-2016-M) sobre los depósitos públicos en el exterior que establece: “Las entidades del sector público no financiero, no podrán mantener depósitos e inversiones financieras en el exterior, sin contar con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los depósitos e inversiones financieras, incluyendo capital e intereses, que estas entidades mantengan en el exterior sin contar con la autorización de la Junta, deberán ingresar de manera obligatoria al país hasta el 31 de diciembre de 2016 y se depositarán en el Banco Central del Ecuador”.

Esas dos resoluciones, por tanto, tienen un mismo efecto: aumentarán la cantidad de recursos, públicos o privados, depositados en el BCE. Conviene recordar que esa institución, a través de la compra de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas, ha prestado al Gobierno $2.848 millones en lo que va del año y, al 25 de noviembre, el saldo de esas operaciones (no registradas como deuda en los boletines oficiales) se encuentra ya en $4.175 millones. Dado que el BCE no puede emitir dinero, esos préstamos provienen de los depósitos que recibe la misma institución. Aunque el Gobierno se ha preocupado por resaltar que los fondos que el BCE utiliza para comprar los papeles del Ministerio de Finanzas proceden exclusivamente de los depósitos públicos, cualquier medida que provoque un incremento de los recursos depositados en esa institución genera sospechas sobre el uso que se pueda dar a los mismos, más aún en un contexto de estrechez fiscal (que el Gobierno quiere disimular para no afectar sus opciones electorales) y cuando se aproxima el pago de sobresueldos a los empleados públicos.

Los bancos en general (ya no sólo los más grandes) también se ven afectados por otra resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 303-2016-M, que altera el modo en que se calcula el Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), es decir, la proporción de la liquidez que los bancos deben mantener en el país. Si bien, en promedio, el sistema de bancos tiene un CLD mayor al que establece la ley, los cambios establecidos en la resolución puede obligar a ciertas instituciones a repatriar recursos al país, dineros que, muy probablemente, también terminen depositados en el BCE, donde no ganarán intereses. Esta nueva resolución se contradice incluso con uno de los considerandos de la resolución 302-2016-F, que señala “que el Banco Central del Ecuador ha establecido que existe altos niveles de excedentes de liquidez de los bancos privados en esta Entidad, habiéndose concentrado estos excedentes en los bancos más grandes del sistema”. Si existe un exceso de liquidez depositada en el BCE (institución que, según las resoluciones de la Junta, ha venido emitiendo varios informes reservados sobre el sistema bancario), ¿por qué se busca que los bancos traigan al país una mayor proporción de los recursos que tienen en el exterior, al resguardo de los vaivenes de la economía doméstica?

Probablemente la respuesta sea más política que técnica, es decir, que el Gobierno diga que esa medida busca fomentar la oferta de crédito (la misma oferta que se ve afectada por el incremento del encaje legal). Otra resolución de la Junta (la 305-2016-F) también parece tener un claro interés político al reducir, en pleno proceso electoral, los cargos máximos que los bancos pueden cobrar por ciertos servicios que prestan (como emisión y renovación de tarjetas o el protesto de cheques). Cabe recordar que apenas hace un mes y medio, la misma Junta había definido los costos máximos para los servicios financieros. Esta nueva resolución también permite que el Gobierno, en caso de que los bancos protesten por el injustificado incremento del encaje o la nueva forma de calcular el CLD, temas que requieren una justificación técnica sólida, desvíe la discusión hacia las ganancias que los bancos obtienen por el cobro de servicios complementarios.

El mismo Gobierno ha destacado el prudente manejo de los bancos en general para enfrentar la caída de los depósitos en 2015. Esperamos que, ante la cercanía de las elecciones, no se subordine la estabilidad del sistema financiero a intereses electorales o fiscales del momento.

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