Con la aprobación del Presupuesto para 2017, el oficialismo puso en evidencia su irresponsabilidad

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4 Sep 2017

En una entrevista publicada en diario Expreso el pasado fin de semana[1], el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró: “En 2017, en el déficit del gobierno central logramos reducir en 1.000 millones. Para el próximo año esperamos una caída similar”. De la siguiente pregunta del periodista (“¿Cómo llegar a un déficit de 3.500 millones de dólares?”) se desprende que el ministro De la Torre da por sentado que este año el déficit rondará los $4.795 millones contemplados en el Presupuesto General del Estado (PGE) que fue aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada. O que incluso podría ser un poco menor.

En nuestras dos últimas columnas tratamos de evidenciar las muchas inconsistencias de la proforma que había enviado el Ejecutivo a la Asamblea para su aprobación. Ahora que ya están disponibles las cifras de la ejecución presupuestaria hasta agosto, debemos denunciar la irresponsabilidad, tanto del Ejecutivo como de la mayoría oficialista en la Asamblea, que significa haber aprobado un presupuesto que está totalmente alejado de las cifras que publica el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

En el PGE aprobado por la Asamblea se establece que este año los ingresos tributarios sumarán $14.760 millones, es decir, 6,9% más que los ingresos tributarios percibidos en 2016. Si bien al cierre del primer semestre de 2017 los ingresos tributarios del PGE fueron 7,6% mayores que en igual período de 2016, al considerar el período enero – agosto el crecimiento frente a los mismos meses del año pasado cae a apenas 1,7%. Esto se debe a que en julio los ingresos tributarios del PGE fueron 15,1% menores que en igual mes de 2016 y que en agosto se registró una caída interanual de 13,2% (siempre tomando en cuenta los ingresos PERCIBIDOS del PGE, que son los que se deben considerar para calcular el déficit). Para llegar a los $14.760 millones proyectados para todo 2017, los ingresos tributarios del período septiembre – diciembre deben ser 17,5% mayores que los de igual período de 2016, lo que luce muy improbable (más aun considerando que el Banco Central proyecta una contracción para el consumo privado). De hecho, a diferencia de lo que ocurrirá en los últimos cuatro meses de este año, entre septiembre y diciembre del año pasado estaban vigentes los impuestos extraordinarios de la Ley Solidaria y también las salvaguardias. Según el Observatorio de la Política Fiscal, en los últimos cuatro meses de 2016 ambas medidas generaron ingresos extraordinarios al PGE por $515 millones. Por tanto, lo más probable es que en los últimos cuatro meses de este año los ingresos tributarios del PGE, lejos de recuperarse, sigan mostrando caídas interanuales.

En cuanto a las transferencias y donaciones de capital e inversión (constituidas principalmente por ingresos petroleros), el PGE aprobado contempla ingresos por $3.242 millones, es decir, 54% más que lo percibido en 2016 por el mismo concepto. Sin embargo, una vez transcurridas las dos terceras partes del año, los ingresos por ese concepto son, según cifras oficiales, 5,8% menores que en igual período de 2016. Por tanto, para llegar a los $3.242 millones proyectados para el año completo, entre septiembre y diciembre los ingresos por transferencias y donaciones de capital e inversión deberían ser 142% mayores que en los últimos cuatro meses del año pasado (ni el precio referencial del petróleo, ni el volumen de producción contemplados en el PGE justifican semejante incremento). Todo esto simplemente analizando las cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y sin considerar lo que, haciéndonos eco de las denuncias del Observatorio de la Política Fiscal, hemos advertido repetidamente: que los ingresos petroleros del PGE (calculados en $2.160 millones) probablemente sean nulos o muy bajos, como lo fueron en los dos últimos años, según lo ha reconocido el propio ministro De la Torre.

La ejecución presupuestaria hasta agosto también deja en evidencia las inconsistencias del PGE aprobado por el lado del gasto. El Gobierno proyecta que en el año completo el gasto total (incluyendo amortización de la deuda pública) sume $36.818 millones, es decir, 8,1% más que el gasto devengado de 2016. Sin embargo, en el acumulado de enero a agosto de 2017 el gasto de la proforma suma $18.337 millones, es decir, 10,4% menos que en igual período de 2016. Por tanto, para alcanzar el monto proyectado para el año completo, entre septiembre y diciembre el Gobierno debería gastar 35,9% más que en los mismos meses del año pasado (que ya fueron expansivos en el gasto). Si se analizan los datos de los sectores con los mayores montos de gasto (más de $500 millones en el año), las inconsistencias saltan a la vista: en algunos como Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda o Tesoro Nacional el gasto del último cuatrimestre de 2017 debería ser entre 28% y 70% mayor que en el mismo período de 2016 para alcanzar el monto presupuestado, mientras que en Recursos Naturales el gasto en los últimos cuatro meses del año debería registrar una contracción interanual de 52% (también en el sector de Comunicaciones el gasto del último cuatrimestre de 2017 debería ser 40% menor que en los mismos meses de 2016, pero esto no resulta tan ilógico si se considera que el Gobierno anterior incrementó significativamente su gasto de inversión en el último trimestre de 2016 y el primero de 2017, en el marco de la campaña electoral).

Las cifras de la ejecución presupuestaria hasta agosto (procedentes, insistimos, del Ministerio de Economía y Finanzas) dejan en evidencia la irresponsabilidad del propio Ministerio y de los asambleístas del oficialismo (no forma parte de nuestro análisis considerar las divisiones que se pudieran estar produciendo al interior del bloque del partido de gobierno) al haber aprobado el PGE para este año sin tomar en cuenta las observaciones planteadas por distintos analistas y tampoco haber revisado las propias cifras oficiales (¿no tienen los asambleístas, justamente para eso, asesores en materia económica?). Las inconsistencias no se limitan a la sobrestimación de ingresos (que cuando ya han corrido las dos terceras partes del año lucen insalvables), sino también a la muy probable subejecución del gasto en distintos sectores. Es posible que, gracias a esa subejecución, el déficit al final del año no ronde los $8.000 millones, sino que sea algo menor. Pero en ese caso el Presupuesto, también por el lado del gasto, habría dejado de cumplir la que es acaso su principal función: ser un punto de referencia para los agentes económicos sobre la política económica que piensa llevar adelante el Gobierno. Lo más grave es que el PGE de 2017 se elaboró y aprobó cuando ya sólo era necesario proyectar los ingresos y los gastos de los últimos meses del año. Con ese antecedente, es posible que la proforma para 2018, que se debe presentar en las próximas semanas, esté aun mas alejada de la realidad.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/carlos-de-la-torre-la-concesion-del-dinero-electronico-no-fue-gratuita-ME1666068

 

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