Las más de 270 personas que sufren las secuelas físicas y psíquicas del alzamiento policial ocurrido en Ecuador hace un año piden justicia por los hechos de ese día, pues nadie ha sido acusado por las agresiones que se cometieron.
Una de ellas es Jorge Cisneros, un joven que trabaja en el ministerio de Cultura y cuyo cuerpo aún alberga sesenta perdigones, tres de ellos cerca del corazón, según explicó a la agencia Efe.
El 30 de septiembre de 2010, Cisneros, como otros ciudadanos, acudió a «salvar» al presidente Rafael Correa, quien estaba retenido por agentes sublevados en el hospital de la policía.
Cuando estaba cerca de ahí, un golpe le «sacudió»: 97 perdigones impactaron en diferentes partes de su cuerpo, lo que le provocó perforaciones en los pulmones, el abdomen y el intestino.
La pesadilla de Cisneros no acabó ahí, mientras lo trasladaban a un hospital, unos policías pararon la ambulancia, rompieron las ventanillas y apuntaron a los pasajeros con una pistola, hasta que finalmente les dejaron ir, según relató.
Pese a que no sufre consecuencias físicas graves, sí se queja de secuelas psicológicas, pues dice que no duerme tranquilo.
Cisneros quiere que «se aplique la ley» contra el que le disparó por intento de homicidio, pero pese a que tiene fotografías del cerco policial de donde vinieron los perdigones no las entregará hasta que no exista «un cuerpo especial» que lleve el caso, pues a su juicio, «la Fiscalía es la Policía investigando a la Policía».
Esta misma desconfianza muestra José Luis Caicedo, un ingeniero electrónico de 30 años que trabajaba al lado del hospital policial y que en su descanso fue a ver lo que pasaba.
Una bomba de gas le dio de lleno: un trozo en la frente, otro en la nariz y el último en la boca. Caicedo cayó al suelo inconsciente y se golpeó la cabeza, lo que le afectó al cerebro y por eso ha perdido sensibilidad y movilidad en la pierna izquierda.
Estuvo un mes en cuidados intensivos y cuando salió puso una denuncia ante la Fiscalía, pero sintió que se burlaban de él, pues el policía que lo atendió le dijo que debía identificar al agresor, «cuando ese día todos (los agentes) iban con la cara tapada».
Caicedo abandonó la demanda por falta de recursos económicos y se cambió de trabajo porque el sitio le traía malos recuerdos, dijo.
Un año después, le gustaría que el gobierno «investigue para que sea justo con la sociedad y trate de encontrar a los culpables».
A Mauricio Herrera, camarógrafo de Gama TV, un policía le lanzó a menos de tres metros una bomba de gas en la espalda. Desde entonces sufre dolores y un médico le ha dicho que tiene la columna desviada.
Él lamenta que «pese a que existen pruebas evidentes de video, magnetofónicas, testigos, reconstrucción de hechos, hay muy pocos sancionados».
En total, la justicia ha condenado a nueve agentes por la sublevación, seis son policías de la escolta legislativa que impidió que los asambleístas realizaran un pleno, mientras que los otros tres estuvieron en el Regimiento Quito, principal foco de la revuelta y contiguo al centro médico de la institución.
Ninguno de ellos enfrentó cargos por las 10 muertes y los heridos que hubo ese día.
Jaime Flores, de 48 años y extrabajador del transporte público, tenía una pierna con una pérdida de movilidad de un 40%, pero ese ese día aumentó hasta el 65% después de que doce policías, en seis motocicletas, le propinaran una paliza cuando él estaba manifestándose frente al hospital, sentado en el suelo y con su carné de discapacitado en la mano.
Los mismos uniformados lo llevaron al hospital policial, donde lo atendieron, lo que para Flores, que ahora camina con una muleta, fue «lo más loable del día».
Actualmente recibe una jubilación por discapacidad de 130 dólares mensuales, que considera insuficiente para mantener a sus dos hijos y a su mujer.
Flores quiere que haya «justicia» y «un pacto de conciliación nacional» para que «desde este 30 de septiembre negro haya un primero de octubre sin peleas».
En las inmediaciones del hospital policial los automóviles y las personas transitan ahora con normalidad, pero ramos de flores, una placa y corazones blancos pintados en el suelo recuerdan que hace un año ahí fallecieron personas. EFE
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QUE HAGAN FILA…..
LA JUSTICIA ESTA OCUPADITA CON LOS JUICIOS A LOS PELUCONES Y LOS MILLONES DEL JEFE MAXIMO.
A ESTE MISERABLE NO LE IMPORTA LA VIDA DE NADIE, LO QUE LE IMPORTA ES LA PLATA SINO QUE FUE A HACER A LA REUNIÓN DE LA ONU. SOLO HABLAR DE PLATA.»SI ME DAN LOS MILLONES QUE QUIERO NO SACO EL PETROLEO QUE HAY EN LA RESERVA YASUNI. DE ALLI INVESTIGAR LA MUERTE POR CAUSA DEL 30S ESO NO LE DA NI UN BENEFICIO A ESTE TIRANO. PORQUE SINO LE HUBIERA RECOMENDADO AL JUEZ PAREDES QUE INVESTIGUE Y YA SE HUBIERA SABIDO TODA LA PLENA