En el interior de la Presidencia se está analizando la aplicación del Decreto Ejecutivo 1369 de mayo del 2017, con el que se mantiene la protección y seguridad para los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sus cónyuges e hijos.
El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, confirmó ayer que la Secretaría General, a cargo de Andrés Mideros, solicitó al Servicio de Protección Presidencial (SPP) un informe de riesgos sobre la ejecución de esta norma. “Quien ha solicitado el informe sobre la seguridad del expresidente (Rafael Correa) y exvicepresidente (Jorge Glas, encarcelado por el delito de asociación ilícita), es la Secretaría de la Presidencia que sería entregado en estos días y es para ‘solidificar’ la protección que se está dando”, dijo.
Zambrano aclaró que el SPP es una instancia independiente del ministerio, pero cree que se solicitó este informe de riesgos “me imagino para ver qué es lo que está sucediendo”, y agregó que mientras “exista el decreto, el Estado tiene la obligación de seguirlo cumpliendo. Nosotros como Ministerio de Defensa lo seguiremos cumpliendo”.
El decreto fue suscrito por Correa el 3 de mayo de 2017, días antes de dejar la presidencia, y en él se dispuso que esta protección estatal sea por “periodos de un año o seis meses, respectivamente”, los que “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”.
Al consultarle a Zambrano sobre las riñas que se han dado en los recorridos de Correa por la campaña del No en las provincias, subrayó que él no conoce de denuncias presentadas en la Fiscalía, “que puede haber comentarios es otra cosa”. (I)
- Fuente Diario El Universo