¿Puede funcionar un espacio de arte sin director?

 

Una preocupante situación viven algunos museos y centros de arte en España. Espacios nuevos se han abierto en algunas ciudades con la modalidad de que no exista director. En algunos ni siquiera existe un proyecto a corto plazo, menos aún a mediano o largo. Algunos cargos son políticos y no permiten crear una plataforma cultural que es lo que debe primar en espacios de esta rama. ¿Qué son y para qué sirven estos espacios ¿En qué pueden aportar a la comunidad en estas condiciones? Son algunas de las preguntas que resuenan bajo este panorama. El caso español sirve para hacer paralelos de la situación cultural en distintas ciudades del mundo con mayor o menor similitud, incluso Ecuador.

No sucede sólo en el ámbito de las artes plásticas, informó El Cultural: Están sin director la Filmoteca de Extremadura, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el Festival de Cine Internacional de Ourense, el Festival de Música de Alicante -que se celebra en estos días- o, desde la semana pasada, el Centro de la Memoria Histórica. Éste depende del Ministerio de Cultura, que no es precisamente ejemplar: tiene sin director al Museo Nacional de Arqueología Subacuática y al Museo del Romanticismo -se cerró la convocatoria en enero, ¿qué ha pasado?- y aún tiene que concluir los eternos procesos de relevo abiertos en Museo de América, Museo del Traje y Museo Arqueológico. Parece haber un acuerdo para descabezar los museos y centros de arte.

Este año se han inaugurado infraestructuras muy costosas que nacen sin director y sin intención de tenerlo, como el Centro de Arte Contemporáneo de Cádiz que, en realidad, no tiene ni proyecto. Otros han aprovechado la finalización de un contrato o la marcha, por diversas razones, de sus anteriores directores para no cubrir la vacante. Así ha ocurrido en el DA2 de Salamanca: nadie ha sustituido a Javier Panera y será la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura la que se encargue de la programación. En San Sebastián, Tabakalera espera director desde la dimisión de Joxeán Muñoz en mayo de 2010, y no se prevé que Arteleku lo tenga, tras el despido de Kepa Landa en septiembre de 2009. En esas fechas dejó Fernando Benito el Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V; el reciente nombramiento de Paz Olmos, ex directora general de Patrimonio Cultural valenciano, se sigue protestando. El Convento del Carmen, en la misma ciudad, nunca ha tenido director desde su reapertura. Carles Guerra se ha ido al MACBA como conservador jefe y el futuro de La Virreina de Barcelona es una pura incógnita. Como el del Centro de las Artes de Sevilla, desde la no renovación, en junio, a Jesús Alcaide. Javier González de Durana ya está instalado en el Museo Balenciaga y no se ha dicho ni palabra sobre su relevo en el TEA, en Tenerife. El inusual acuerdo que tenían la Diputación de Alicante y Juan Manuel Bonet -mediante el cual éste coordinaba las programaciones de Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), del Auditorio de la Diputación de Alicante y de la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial- se ha extinguido y la plaza de director del MuBAG ¡se amortizó! el 1 de agosto.

Modelos alternativos
Muchos museos y centros de arte españoles cuentan con una desventaja: no tienen siquiera un estatuto jurídico propio sino que dependen directamente de los departamentos de Cultura de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, o en el “mejor” de los casos de fundaciones públicas, creadas para gestionar varios equipamientos culturales a la vez. A menudo no tienen tampoco un presupuesto propio sino que reciben fondos no tanto según las necesidades como según la disponibilidad o según la voluntad del responsable político. Éste decide si al museo o centro le hace falta o no un director e impone un modelo de gestión u otro.

¿Puede funcionar un museo o centro de arte sin director? Si se trata de una mera sala de exposiciones, como es por ejemplo Alcalá 31, dependiente de la Comunidad de Madrid, no debería tener grandes problemas mientras haya alguien, dentro o fuera de la administración, que diseñe la programación. Pero un centro de arte no es sólo una sala de exposiciones; es un lugar donde se produce patrimonio contemporáneo, se desarrollan programas educativos y se crean lazos con la comunidad artística y la sociedad. Y no digamos un museo, que tiene además una serie de obligaciones claramente establecidas por las diferentes legislaciones estatal y autonómicas. La ausencia de una dirección profesional puede “compensarse” mediante diferentes modelos. Uno es el de la programación directa desde la concejalía, consejería o fundación municipal o autonómica. Sólo con suerte se contará con personal cualificado o que encargue a comisarios profesionales los proyectos pero difícilmente podrá atender a otras funciones. Otro consiste en la contratación de una empresa de gestión cultural que se haga cargo de todo el fucionamiento -tipo CAC Málaga- o de varias empresas para proyectos concretos, “llave en mano”. Puede contratarse a un comisario para que haga o coordine la programación de una o varias temporadas: así hizo el MUBAG, “a dedo”, y así hace la Sala de Arte Joven de la Comunidad, mediante concurso. Pueden igualmente sacarse a concurso las exposiciones aisladas.

Jefes políticos
También ocurre que se deja que el personal contratado, conservadores y coordinadores, asuma una responsabilidad extra y saque adelante la institución. Finalmente, puede ponerse el museo o centro en manos de un gestor de perfil político que responda directamente ante el gobierno, sin cualificación en el ámbito artístico. Se intenta hacer en el Museo San Pío V de Valencia; en el Thyssen Málaga la creación de un puesto de director-gerente provocó la dimisión de la directora artística, María López. Otras veces se coloca a personas que sí tienen relación con el arte pero deben aceptar una subordinación sin fisuras a sus jefes políticos: lo vemos en nuevas o renovadas infraestructuras que han nacido zombies como el IAACC Pablo Serrano (Zaragoza) o el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. En todos estos casos, no hay quien se preocupe del prestigio del centro, de su crecimiento, de las relaciones nacionales o internacionales, del equipo, de la interacción con los artistas, con el público…

Pura burocracia
La crisis tiene parte de culpa pero hay un mar de fondo que explica esta deriva y que no es sólo económico. Paso a paso, se recorta la ya antes pobre autonomía de gestión de las instituciones culturales. Mientras los profesionales de la cultura reclamamos desde hace años lo contrario, asistimos a un recrudecimiento de su politización y burocratización. Y esto es sumamente contradictorio con la “teoría” que se viene implantando. Se nos dice que el modelo que hemos seguido hasta ahora, en el que las administraciones mantienen casi al 100% los proyectos culturales de titularidad pública, ya no es viable. Con las arcas vacías, desde casi todo el espectro ideológico se defiende un modelo mixto en el que las empresas, imbuidas de RSC -responsabilidad social corporativa-, aportarían un porcentaje muy sustancial de los presupuestos de las instituciones culturales, al estilo norteamericano. Pero no se ponen las condiciones para que esto sea posible. Primero: no tenemos una Ley de Mecenazgo adecuada a estos objetivos, con unas desgravaciones muy poco atractivas. Segundo: exceptuando a las grandes empresas, el sector privado no está como para preocuparse por la subsistencia de los museos y centros de arte. Tercero, y a esto voy: el modelo de financiación mixta público-privado suele acompañarse de modelos de gestión que permiten la participación de los empresarios en el gobierno de la institución, a través de un patronato. Pero ¿qué grado de libertad para tomar decisiones tienen los patronatos actuales de museos y centros no privados, los que deberían abrir camino a este modelo? La realidad es que muchos patronatos están controlados por los representantes políticos de las administraciones titulares. Las sillas se reparten entre cargos en activo, figuras retiradas del partido en el gobierno, representantes de empresas que aportan -a veces no- fondos al museo o centro y, a veces, algunos expertos en arte, pero los políticos se suelen asegurar la última palabra.

Si hay financiación pública tiene que haber un control económico del museo o centro, desde luego. Y esa debería ser la única intervención “política” que en realidad debería ser puramente administrativa. Sin embargo, los recientes relevos en los gobiernos municipales y autonómicos nos están mostrando que los responsables de Cultura no se resisten a ejercer un redundante control político incluso en instituciones que cuentan con órganos de gobierno propios. Decisiones trascendentales se hacen a capricho. Sabemos que la Consejería de Cultura valenciana no contó con el patronato del Museo San Pío V para nombrar a Paz Olmos y se ha publicado que el del Centro de la Memoria Histórica se enteró del despido de Mª José Turrión a través de la prensa. El patronato debería velar por el cumplimiento de la “misión” del museo o centro, por su estabilidad, al resguardo de los vaivenes políticos. Creíamos pasados los tiempos en los que a la llegada de un nuevo equipo de gobierno, fuese o no del mismo partido que el precedente, comenzaba el baile de directores. Pero vemos aún demostraciones de poder, que se ejerce también desde los patronatos.

En la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma no se ha renovado el contrato a Magdalena Aguiló sin mayores explicaciones; lo mismo le ha ocurrido a Rosina Gómez-Baeza en LABoral Centro de Arte, en Gijón, donde el patronato de la fundación que la gobierna ha agachado la cabeza ante el nuevo consejero de Cultura del Principado, ex-director del Museo de Bellas Artes de Asturias para más inri, que anuncia una transformación del centro. Más problemas le está dando al mismo consejero el patronato del Centro Niemeyer de Avilés, que había intentado blindarse antes de las elecciones contra la que se avecinaba pero no tuvo tiempo de completar la pretendida cesión del edificio a la Fundación que lo gestiona. No le ha servido el nombramiento de un independiente, el productor musical Manolo Díaz, como presidente. Emilio Marcos Vallaure ya ha anunciado que quiere la presidencia y ha acusado de “graves irregularidades económicas” a la fundación para justificar el golpe de mano. Caso dudoso, y anterior a las elecciones, fue el del Centro Huarte, cuyo patronato, con fuerte presencia institucional, eligió director a Javier Manzanos, quien trabajaba ya para la Consejería de Cultura y Turismo. Patronatos débiles, en cualquier caso.

Políticos y empresarios
Se acaba de aprobar en el Senado la nueva Ley Reguladora del Museo Reina Sofía, que supondrá entre otros muchos cambios la renovación y ampliación de su patronato. Se establece un mínimo de 17 y un máximo de ¡30! vocales, de los que al menos 12 serán natos. En contra de lo firmado en 2007 por el Ministerio de Cultura con las asociaciones del sector -en el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte Contemporáneo-, no se fija un porcentaje de vocales expertos en arte, aunque se contemple la posibilidad de tenerlos. Podríamos encontrarnos un patronato de políticos y empresarios. Veremos qué pasa en noviembre pero pidamos ya ante todo transparencia.

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