Tijuana (México).- El grito de los familiares de la tragedia de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa en la búsqueda de justicia es bien conocido, pero hay otra dimensión que se escapa del ojo público: el desgaste que sufren por la «violencia burocrática».
El impacto de esa otra violencia institucional centra el libro «Procesos de la noche», de la escritora mexicana Diana del Ángel, que aporta una visión diferente de la tragedia de Ayotzinapa que conmocionó a México.
En «Procesos de la noche», Del Ángel, quien participa en la Feria del Libro de Tijuana, recopila 22 crónicas sobre Julio César Mondragón.
Él fue uno de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que la noche del 26 septiembre de 2014 sufrieron en Iguala varios ataques perpetrados por policías corruptos y que desembocaron en la desaparición de 43 alumnos.
En uno de estos ataques, según los testimonios de supervivientes, Julio César salió corriendo, y esa fue la última vez que le vieron con vida.
El cuerpo del joven de 22 años fue encontrado la mañana siguiente en mitad de una calle de tierra, sin piel en el rostro y un solo ojo.
Una tragedia como esta «se extiende como si fuera una onda concéntrica hacia la familia, los acompañantes, los abogados… eso es lo que no se ve, el desgaste de lo cotidiano», subraya la autora en una entrevista con Efe.
La escritora se acercó al caso del normalista en noviembre de 2014, gracias a una amiga suya que empezó a ejercer como asesora legal de la familia en unos momentos en los que circulaba la teoría de que sus asesinos se habían ensañado con él porque era líder de un grupo criminal antagónico.
«La familia de Julio tenía la necesidad de que fuera recordado de otras maneras. A partir de eso escribí la primera crónica y ya vinieron otras», asevera.
Semanas después de que hallaran el cuerpo, estas personas sufrieron un nuevo golpe con la muerte del abuelo del estudiante.
«Era un hombre grande y tenía una enfermedad previa, pero se agravó y deterioró después de este proceso; a veces no somos tan conscientes de que una ejecución de esta naturaleza o una desaparición tiene estos impactos en la familia», reflexiona Del Ángel.
Otro de los aspectos que la autora señala es la violencia burocrática que sufren los familiares de las víctimas. Esta se percibe, por ejemplo, cuando los seres queridos de Julio César solicitaron una segunda autopsia.
«Algo muy significativo en el caso de Julio era que no tenía rostro; por eso, hubo una insistencia muy fuerte de que se hiciera una prueba de identificación genética», a pesar de que ellos ya habían reconocido las cicatrices y ciertas partes del cuerpo.
Aún así, dice la escritora, «había una necesidad de confirmar».
La exhumación se realizó el 4 de noviembre de 2015 y los exámenes periciales como tales duraron únicamente tres días.
No obstante, indica Del Ángel, el cuerpo estuvo en el refrigerador de la Coordinación General de Servicios Periciales en la capital tres meses, hasta febrero de 2016, porque no se emitía el documento necesario para llevar a cabo una prueba de identificación genética que no duró más de diez minutos.
En su búsqueda de la justicia, la familia pretende llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para eso tiene que agotar antes todas las vías judiciales en el país.
El documento que surgió de la segunda necropsia «es muy importante, porque se documenta la tortura» que sufrió el estudiante.
Familiares, colectivos y todos aquellos que cuestionan la «narrativa oficial» -que señala que los jóvenes fueron entregados a un grupo criminal, asesinados e incinerados- tienen medios que pueden ser «pequeños en comparación con la capacidad del Estado».
Del Ángel recuerda que el Gobierno no solo proclamó su «verdad histórica» en voz del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, sino también «en todos los periódicos, donde había periodistas que seguían su línea».
«Esa es una batalla constante, y no creo que esté definida», sentenció la autora, quien segura que seguirá «peleando» para que se escuche a las víctimas. EFE
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