Una investigación del Departamento de Justicia estadounidense reveló que una empresa acordó pagar 110 millones de dólares en sobornos a la plana mayor de la Conmebol y los presidentes de las 10 federaciones sudamericanas de fútbol a cambio de obtener los derechos de la Copa América.
Un jurado de instrucción de la Corte este del Distrito de Nueva York acusó el 20 de mayo a la empresa Datisa pactar los millonarios sobornos a los dirigentes a fin de conseguir los derechos de transmisión televisiva y mercadeo de la Copa América de 2015, 2019, y 2023, así como de la edición especial de 2016 en Estados Unidos, que se organiza para festejar el centenario de ese torneo.
Los pagos acordados en 2013 serían de 20 millones por la firma del contrato, y 20 millones por cada edición del torneo. Según la acusación, cada uno tenía que ser repartido así: «tres millones para tres altos funcionarios de la Conmebol (su presidente y los presidentes de las asociaciones de fútbol de Argentina y Brasil); 1,5 millones para cada uno de los otro siete presidentes de las federaciones restantes de la Conmebol y 500.000 dólares a un funcionario adicional».
Sólo se alcanzaron a pagar los primeros 40 millones, dice la acusación.
El documento señala que los dirigentes que pidieron o recibirían los sobornos de parte de Datisa eran Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, Nicolás Leoz y José María Marín. Figueredo, Esquivel y Marín fueron arrestados el miércoles en Zúrich, donde se encontraban para asistir al congreso general de la FIFA, mientras que las autoridades estadounidenses pidieron la extradición de Leoz, ex mandamás de la Conmebol que vive en Paraguay.
Figueredo fue vicepresidente de la Conmebol hasta 2013, Esquivel es líder de la federación venezolana y Marín era presidente de la federación brasileña. El presidente de la federación argentina al momento del acuerdo era Julio Grondona, quien falleció el año pasado.
«Los pagos de los sobornos fueron transferidos de cuentas bancarias en Suiza controladas por Datisa a cuentas bancarias de oficiales de la Conmebol en todo el mundo, incluyendo cuentas en Estados Unidos», señala la acusación.
En una rueda de prensa celebrada en Miami el primero de mayo de 2014, altos directivos de la Conmebol y la CONCACAF anunciaron oficialmente la organización de la edición Centenario de la Copa América que incluía a los diez equipos sudamericanos de la Conmebol y a seis de la CONCACAF.
A la rueda de prensa, dice el Departamento de Justicia, asistieron los directivos de Datisa, y la presentación incluía los logos de la empresa así como los de CONCACAF y Conmebol.
Según la investigación, luego de la rueda de prensa los directivos de Datisa, Hugo Jinkis, Mariano Jinkis y Alejandro Burzaco se reunieron al sur de la Florida para acordar cómo se adelantaría el entramado de pago de los sobornos. «Todos podemos resultar perjudicados por esto… Podríamos terminar en la cárcel», dijo Burzaco, según la acusación.
Datisa fue creada en 2013 como resultado de la unión de un grupo de tres contratistas de la FIFA.
La resolución de acusación dice que hacia 2009 o 2010, seis de los 10 presidentes de las asociaciones de fútbol que conforman la Conmebol «formaron un bloque para tomar control de las decisiones sobre la venta de las propiedades comerciales» del organismo.
Este grupo de presidentes, dice la acusación, fue liderado por el «co-conspirador #24», descrito como «un alto dirigente de la Conmebol, miembro de una de las asociaciones nacionales de la FIFA, así como funcionario de la FIFA», que tenía importantes conexiones con esas organizaciones y con empresas de mercadeo.
Hacia abril de 2010, la Conmebol firmó un contrato con una compañía llamada Full Play, a la que le otorgó todos los derechos de mercadeo y de transmisión de las ediciones 2015, 2019, 2023 de la Copa América así como de otros torneos internacionales.
Pero Traffic International, empresa que era vieja conocida de la Conmebol, la CONCACAF y la Unión Caribeña de Fútbol pues le habían otorgado en el pasado este tipo de contratos, demandó a la propia Conmebol en una corte del estado de Florida.
Alegaron que eran ellos quienes tenían los derechos de mercadeo y transmisión de la Copa América de 2015 así como la opción de retener esos derechos para los siguientes tres torneos.
Sin embargo, la demanda fue retirada en junio de 2013. Las empresas en disputa habían llegado a un acuerdo, maniobrado meses antes por el llamado «co-conspirador #24», cuya identidad no es revelada.
Este alto directivo se reunió con los representantes de Full Play y los dueños de Traffic International, el empresario argentino Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis así como con Burzaco, también argentino y presidente de la empresa Torneos y Competencias, TyC, que se había asociado con Full Play.
«En las reuniones, las partes discutieron cómo resolver la demanda de Traffic que implicaría que Full Play y Torneos acordaran compartir los derechos comerciales con Traffic, a cambio de que ésta retirara la demanda y asumiera su parte de los costos que se generaran en virtud de la cesión de esos derechos», dice la resolución.
Algunos de los pagos se encuentran detallados en la acusación, que en su mayoría se hicieron a través de transferencias internacionales primero a cuentas de bancos de Miami y Nueva York para ser enviadas, posteriormente, a Zúrich, Suiza.
La AP llamó a Torneos y Competencias y sus voceros dijeron que no van a hacer ningún comentario sobre lo sucedido ni tampoco sobre Burzaco.