El Ecuador podría enfrentar en este año una deuda no presupuestada de al menos USD 2 364 millones si hay una sentencia a favor de la empresa petrolera Occidental (Oxy) en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.
Ese es el valor de mercado que tenía el bloque 15, operado por la empresa estadounidense hasta el 16 de mayo del 2006, un día después de que el Estado ecuatoriano declarara la caducidad de su contrato de participación.
Así lo determinó un informe pericial presentado el 11 de abril pasado en el Tribunal Arbitral del Ciadi que lleva este proceso, así lo reveló Diario El Comercio, en su edición de hoy.
El documento fue elaborado de manera conjunta por el perito de Oxy, Joseph P. Kalt y el perito del Estado ecuatoriano Daniel Johnston, a pedido del Tribunal.
El informe tomó en cuenta 209 millones de barriles de reservas probadas de los campos que manejaba la Oxy y los precios internacionales del petróleo desde el 2006 hasta la fecha.
También estimó alrededor de USD 443 millones como costos de producción e inversiones que Oxy debía gastar para extraer el petróleo hasta el 2019, año en que finalizaba su contrato.
Con esos costos, incluida la participación del Estado, el Impuesto a la Renta y las utilidades de los trabajadores, el flujo de caja para la Oxy o un posible comprador hasta el fin del contrato llegaría a USD 2 362 millones.
Este valor no toma en cuenta, advierten los árbitros en el informe, ningún tipo de reclamo por daño y perjuicios tanto de la petrolera Oxy como del Estado ecuatoriano.
El ex sindicalista de Petroecuador, Fernando Villavicencio, opinó que el monto determinado en el informe pericial deberá asumir el Estado.
A su criterio, el Tribunal del Ciadi fallará en contra del Estado ecuatoriano teniendo como referencia el caso de la petrolera brasileña Petrobras.
Según Villavicencio, Petrobras también cedió el 40% de sus derechos sobre el bloque 18 a la compañía Teikoku, en el 2005, sin la autorización del Ministerio de Energía y Minas de la época.
El mismo argumento usó en mayo del 2006 el ministro de Energía, Iván Rodríguez, para declarar la caducidad del contrato con Oxy por transferir en el año 2000 el 40% de sus acciones a la canadiense Encana, sin consentimiento de la Cartera de Estado.
Pero en el caso de Petrobras, su contrato no fue caducado.
En una carta dirigida al asambleísta Fernando González, con fecha 23 de abril del 2010, el procurador Diego García confirmó que ese es uno de los argumentos de Oxy para que el Ciadi falle a su favor,con el argumento de un trato discriminatorio.
García, sin embargo, sostuvo ayer en Teleamazonas que la posición del Ecuador es que se actuó en derecho y que Oxy fue sancionada bajo las propias cláusulas de su contrato y la Ley de Hidrocarburos. Advirtió e que no se puede hablar de una cifra mientras el Tribunal Arbitral del Ciadi no dé una sentencia prevista para el segundo semestre del año.
“Cualquier cifra que hoy se pueda dar es una especulación que parte de las cifras que Occidental ha pretendido. Pero hoy por hoy es imposible determinarlo”.
Fuentes del Gobierno cercanas al proceso indicaron que el valor determinado por los peritos no toma en cuenta la Ley 42 que entregaba para el Estado entre el 50 y el 99% de los excedentes por el incremento del petróleo. Tampoco considera que de ese valor, solo el 60% le corresponde a Oxy porque el 40% restante le correspondería a Encana.
El asambleísta socialista, Tomás Zevallos, quien ha revisado el caso, indicó que Oxy pretendería en total USD 7 000 millones del Ecuador al desconocer la Ley 42 sumado a lo que dejó de percibir durante los últimos años por los altos precios del petróleo.