Dos dirigentes indígenas ecuatorianos denunciaron este jueves la intervención de árbitros privados en la querella por 18.000 millones de dólares contra Chevron por la extensa contaminación causada en la explotación petrolera de la Amazonía.
«Ha habido un fallo de los tribunales de Ecuador y no debería haber interferencia de un tribunal privado extranjero«, dijo a Efe Humberto Piaguage, portavoz de la Organización Indígena Secoya de Ecuador.
Los indígenas y grupos de defensa del ambiente pidieron hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exija que el Gobierno de Ecuador tome medidas de precaución en el intento de arbitraje.
Lori Wallach, directora del grupo defensor de los consumidores Public Citizen, afirmó en una conferencia de prensa que la intervención en el caso de un tribunal de arbitraje representa «una expansión peligrosa de este recurso que amenaza las causas de derechos humanos y el ambiente».
La disputa es resultado de la contaminación ambiental causada entre 1964 y 1992 por la firma petrolera Texaco en la región ecuatoriana de Lago Agrio. En 2001 Chevron compró Texaco.
Piaguage y Guillermo Grefa, portavoz del Pueblo Kichwa, describieron la contaminación del suelo y el agua dejada por la explotación petrolera y los abusos sufridos por la población indígena a manos de la empresa y de los trabajadores petroleros.
«Nuestro territorio ha disminuido, nuestras familias sufren, nuestras mujeres han sido abusadas, los jóvenes han sido corrompidos por el alcohol distribuido por la petrolera», dijo Piaguage.
En 2002, para evitar un juicio ante un tribunal federal de EE.UU., Chevron eligió el recurso ante los tribunales de Ecuador para resolver las demandas de las comunidades indígenas y los campesinos afectados por la contaminación, que incluyó el derrame de más de 60.000 millones de litros de compuestos tóxicos.
En 2011 un tribunal ecuatoriano ordenó a Chevron que pagara 18.000 millones de dólares para la limpieza de los territorios contaminados.
El dictamen incluye 8.600 millones de dólares por daños ambientales, una cifra que se multiplicó a más del doble después que la empresa, con sede en San Ramón (California), se negara a pedir públicamente disculpas a Ecuador.
Después de perder apelaciones ante tribunales ecuatorianos y estadounidenses, la empresa ha recurrido al Tratado Bilateral de Inversiones EE.UU.-Ecuador.
«Este tipo de arbitraje, que es común en el sector privado, no tiene un papel en las relaciones internacionales», indicó Aaron Page, uno de los abogados que representa a la Asamblea de Afectados por Chevron.
Wallach explicó que los mecanismos de arbitraje entre la empresa privada y gobiernos extranjeros, que forman parte de esos acuerdos bilaterales, tienen una larga historia y sirven para resolver las reclamaciones de compensación o indemnización de la empresa privada cuando sus activos o intereses son afectados por las decisiones de un Gobierno.
«Por ejemplo, si un Gobierno confisca propiedades de una empresa extranjera para la construcción de una carretera, la empresa presenta un reclamo de compensación y el caso se resuelve con la adjudicación de una cantidad de dinero», señaló.
El tribunal de arbitraje, que se reunirá el próximo fin de semana en una sala arrendada en la sede central de la Organización de Estados Americanos, está integrado por un árbitro elegido por el Gobierno de Ecuador, otro elegido por Chevron y un tercero elegido por los dos primeros.
«Pero un tribunal de este tipo no puede pedirle al Poder Ejecutivo de Ecuador que impida el cumplimiento de una decisión del Poder Judicial», añadió Wallach. EFE
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