MADRID (AP) — Menos de cien días después de asumir el poder en España, el conservador Mariano Rajoy se enfrenta a una huelga general, cuando el grueso de los recortes para reducir el déficit todavía está por llegar. En los primeros reportes, el gobierno dice que la jornada se desarrolla con «normalidad», mientras los sindicatos, que la protesta es «masiva».
El paro de 24 horas, convocado por los sindicatos mayoritarios de izquierda, busca derogar la reciente reforma laboral que abarató considerablemente las condiciones de despido en un país que soporta un desempleo cercano a 23% y está al borde de su segunda recesión en cuatro años.
De hecho, 67% de los españoles se mostraron en contra de secundar el paro, según reveló una reciente encuesta de Metroscopia para el madrileño El País.
«El país no está para movilizaciones», dijo el profesor del IESE Business School en Barcelona José Ramón Pin. «La gente reconoce que no hay más remedio que tomar medidas absolutamente austeras, porque sabe que el país está mal», agregó.
El gobierno aprobó en febrero una dura reforma laboral con la que espera sentar las bases para contener la hemorragia del desempleo, que actualmente afecta al 22,9% de la población según el Instituto Nacional de Estadística.
La nueva ley elimina la indemnización de 45 días por año trabajado y la sustituye por una de 33 días. Además el texto revisa la flexibilidad laboral y el llamado despido objetivo o procedente.
En ese sentido, las empresas que registren pérdidas o tres trimestres consecutivos de caída de ingresos podrán despedir empleados con una compensación de 20 días por año trabajado.
Para los sindicatos la nueva ley, ya en vigor aunque sujeta a modificaciones menores en el Parlamento, abre la puerta a despidos masivos, reducciones de salarios y la desprotección total del trabajador frente al empresario.
Un sentimiento reflejado en el lema de la huelga: «Quieren acabar con todo. Con los derechos laborales y sociales».
«La sociedad no está dispuesta a permitir medidas que recortan el presente y acaban con el futuro», señaló el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, quien denunció que la nueva ley supondrá la destrucción inmediata de 640.000 puestos de trabajo.
Por su parte, el gobierno no está dispuesto a dar un paso atrás ni en la laboral ni en otras reformas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó el miércoles que en una «situación límite» como la que vive España, el «gobierno está obligado a hacer reformas».
Además del desempleo, España sufre un problema de deuda que sigue teniendo al país en el punto de mira de los inversores como candidato a un costoso rescate financiero como el que la Unión Europea puso en marcha para Grecia, Irlanda y Portugal.
España cerró 2011 con un déficit de 8,5% del Producto Interno Bruto, 2,5 puntos más de lo inicialmente previsto. Bruselas aceptó rebajar la meta de reducción a 5,3% del PIB en 2012, lo que obliga a un ajuste adicional de casi 46.650 millones de dólares.