MADRID (AP) — La española Repsol advirtió este lunes que llevará a los tribunales a cualquier empresa que trate de invertir en la petrolera YPF si Argentina consuma la inminente expropiación de su paquete accionario, mientras que el gobierno español dio un giro en su postura al pedir que el gobierno de Cristina Fernández que acepte negociar una compensación.
El portavoz de la todavía Repsol YPF Kristian Rix dijo que la compañía «se reserva el derecho a emprender acciones legales frente a cualquier inversionista en YPF o sus activos tras una expropiación ilegal».
Repsol descubrió una enorme yacimiento de gas no convencional en la zona de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén, que podría incrementar las reservas del país en al menos 750 millones de barriles.
Los expertos consideran que Argentina necesitará abundante inversión extranjera para explotar el yacimiento.
Mientras, el gobierno español moderó el tono de su discurso y explora vías de presión diplomática internacional sin necesariamente airearlas en los medios de comunicación.
En ese sentido, el canciller José Manuel García-Margallo expuso el contencioso entre los dos países a sus colegas de la Unión Europea en Luxemburgo, donde los ministros de Relaciones Exteriores del bloque mantuvieron una reunión ordinaria.
García-Margallo dijo haber recabado un amplio apoyo de sus socios y admitió que, sobre las sanciones que se barajan, está la de suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014.
Además, sugirió que la Unión Europea podría «abrir una reflexión» sobre si es posible marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur o hacerlo por separado con Brasil, Uruguay y Paraguay.
El canciller español centró su discurso ante los medios en exigir a Fernández que pague a Repsol el valor del 51% de YPF, la cantidad del paquete accionarial a expropiar según el proyecto argentino, que la petrolera cifró en 10.500 millones de dólares.
El gobierno de Fernández ha dejado entrever que no pagará esa suma, mientras evalúa el precio de la compañía, que será fijado por un tribunal de tasación argentino.
García-Margallo habló por primera vez en varios días de diálogo y negociación. Aseguró que España no discute la «soberanía energética» de Argentina y calificó lo ocurrido con YPF como un «bache» en las relaciones bilaterales «que está deseando superar».
«Las medidas de respuesta pretenden que Argentina encuentre un interés en llegar a un acuerdo dialogado y negociado con España sobre la tasación (de YPF) y evitar quedarse aislada del mundo», afirmó el canciller en rueda de prensa.
Una semana después del anuncio de expropiación hecho por Fernández, la única medida concreta adoptada por España en respuesta fue la de cancelar la importación de biodiésel del país sudamericano. Lo que supondrá a Argentina dejar de ingresar unos 800 millones de dólares.