Senado argentino aprueba expropiación de YPF

BUENOS AIRES (AP) — El Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley para la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española Repsol impulsado por el gobierno de Cristina Fernández en medio de un respaldo mayoritario de la población y amenazas de represalias lanzadas desde la Unión Europea.

La iniciativa que promueve la nacionalización de la principal petrolera de Argentina, privatizada en la década de los 90, fue aprobada con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones luego de casi 14 horas de sesión.

Desde el oficialismo confían que lograrán su aprobación definitiva la próxima semana en la Cámara de Diputados tomando los votos de los propios legisladores y los de partidos opositores que ya han adelantado su apoyo al proyecto.

En su artículo más relevante, el proyecto declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta».

Repsol posee actualmente el 57,43% de las acciones de YPF, el argentino Grupo Petersen tiene 25,46%, el Estado 0,02% y el resto se distribuye entre inversionistas privados.

Según el proyecto de ley, del 51% de las acciones sujetas a expropiación, 51% pasará a estar bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol quedará con un minoritario 6,43%.

Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual es negado por la compañía.

La expropiación de YPF fue respaldada por el 62% de los argentinos, según una encuesta de la consultora Poliarquía publicada el domingo por el diario La Nación, de línea editorial crítica con el gobierno.

Al mismo tiempo la decisión de Argentina fue duramente cuestionada por España y sus aliados en la Unión Europea.

Ese bloque evalúa suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014. También se pretende marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur.

Hasta el momento la única represalia concreta adoptada por España fue cancelar la importación de biodiésel producido en Argentina, que perderá por ello un ingreso de 800 millones de dólares.

Más relacionadas