María Olivia, una ecuatoriana afincada en España enferma de asma y de artrosis y responsable de sacar adelante a sus dos hijos y a su yerno, evitó quedarse en la calle al paralizar este martes la ejecución del desahucio de su casa ordenado por una entidad bancaria.
Estaba previsto que la mujer y su familia, residentes en Parla, una localidad cercana a Madrid, fueran hoy desalojados de la que ha sido su casa desde hace ocho años.
Sin embargo, la ‘Plataforma Afectados por los Desahucios’, un movimiento ciudadano que trata de parar los continuos desalojos que se están dando desde el inicio de la crisis en España por impagos de hipotecas, consiguió aplazar la orden de este al menos hasta el próximo 28 de febrero.
María Olivia relató a Efe los días de tensión vividos junto a sus dos hijos, de 21 y 22 años, mientras se preguntaba por qué Bankia, una entidad quebrada que tuvo que ser rescatada y nacionalizada por el Gobierno español, se queda con su casa «para dejarla vacía» mientras ella no tiene adónde ir.
«Compramos esta casa en 2003 cuando mi marido y yo trabajábamos, pero cuando le despidieron, a mediados de 2010, dejamos de pagar. Mis hijos no encuentran trabajo y yo tengo un empleo esporádico que se me acaba en enero», relató María Olivia.
El padre de familia se marchó a la ciudad costera de Valencia a buscar trabajo sin éxito por lo que la situación de la familia es «desesperada».
«He estado pagando durante años 750 euros (unos 952 dólares) al mes de hipoteca, pero los últimos recibos eran de más de mil euros. Todos mis ahorros, toda mi vida, la he dejado en esta casa. No quiero irme de aquí«, manifestó Olivia.
María Olivia está satisfecha por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y los bancos para paralizar los desahucios en casos de familias más desfavorecidas, pero opina que la medida llega «muy tarde».
«Esta ley va a servir solo para las personas en situación de extrema exclusión social, y yo no sé en qué posición de la sociedad estaré, si estoy en extrema pobreza o no», señaló.
El Ejecutivo español decretará, previsiblemente esta semana, una normativa para que los desahucios no se ejecuten en determinados casos, como cuando los residentes sean familias con ancianos a su cargo o tengan a todos sus miembros desempleados.
La situación económica ha convertido los desahucios en algo habitual en España, donde desde 2007 se han ejecutado cerca de 400.000 desalojos hipotecarios.
La crisis también afecta mucho a los ciudadanos ecuatorianos, de los que más del 70 % planea volver a su país, según datos revelados el pasado mes por la Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador. EFE