Quito, 12 dic (EFE).- Expertos españoles participarán mañana, jueves, en un seminario sobre derechos humanos en Quito, en el que enfocarán el drama de la crisis hipotecaria que se abate en España y que ha afectado a miles de inmigrantes ecuatorianos.
El abogado y activista Rafael Mayoral y el catedrático Fernando Flores, ambos vinculados a la defensa de las personas en situación de desahucio en España, hablarán en el encuentro sobre la crisis inmobiliaria.
El encuentro está organizado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, cuyo titular, Ramiro Rivadeneira, dijo hoy a Efe que la presencia de los dos expertos españoles intenta aclarar la situación de los compatriotas afectados por los desahucios en España.
Se intenta «mostrarle a la sociedad ecuatoriana que hay compatriotas que están viviendo un problema realmente grave, que afecta a sus familias y a todos», sostuvo Rivadeneira al destacar el aumento de retorno de emigrantes que residían en España.
«Debemos estar preparados» para recibirlos, añadió Rivadeneira al destacar que el Gobierno nacional llevan adelante un «programa de acompañamiento, de ayuda a los ecuatorianos que viven en el exterior» y que, en el caso de España, también incluye a los afectados por los desahucios.
Indicó que gracias a un convenio entre ambos países se ha constituido un grupo de asesoría legal que, en los últimos meses, ha orientado a 5.000 ecuatorianos en el tema de los desahucios.
De su lado, Flores, letrado y académico de la Universidad de Valencia, apuntó a la banca como el principal causante de la crisis hipotecaria y financiera que afecta a su país.
Para él, el problema se agrava porque el sector financiero tiene representantes en el sector del poder político reacios, hasta ahora, a regulaciones estrictas que impidan la generación de «burbujas» como la inmobiliaria.
No obstante, señaló que «en los últimos meses se ha abierto una conciencia social» en España sobre el conflicto de los desahucios que presiona por la búsqueda de soluciones que beneficien a los perjudicados.
Según Flores, «el 40 por ciento de las personas desahuciadas son inmigrantes», y el problema es mayor en ese colectivo «porque, aunque estén más o menos arraigados, están lejos de su tierra» y la mayoría «tiene trabajos más precarios».
Mayoral, por su parte, explicó que en la actualidad existe «un sentimiento generalizado en la sociedad española para buscar soluciones a la ejecución masiva de garantías hipotecarias».
Para él, la gente no ha podido pagar las hipotecas, entre otras cosas, porque la crisis tiene su origen en el mismo sector financiero que ofertó créditos «abusivos» para viviendas desvalorizadas a altas tasas de interés y condiciones perniciosas para los clientes.
Mayoral calificó la situación actual como un «círculo vicioso» en el que la población sufre las ejecuciones hipotecarias, está sometida a «deudas perpetuas» y encima con graves recortes sociales en los presupuestos estatales.
Eso es para él una «violación a los derechos humanos», agravada por «desalojos forzosos de población vulnerable, sin alternativa habitacional, en un país donde hay millones de viviendas vacías».
Por ello, recordó Mayoral, las organizaciones sociales, sindicales y de defensa de los derechos ciudadanos en España han presentado propuestas de solución que «están encima de la mesa» de discusión del Congreso.
Además, dijo que la movilización popular ha detenido la ejecución de más de 500 desahucios en el último año, lo que supone una presión social fuerte para que se busquen soluciones inmediatas y a largo plazo.
«Se ha abierto una grieta en esa presa que está intentando contener una riada» por la movilización popular en contra de los desahucios, dijo el activista al calificar de «insuficientes» las medidas aplicadas por las autoridades españolas. EFE
* Foto difundida por la web de ONG