Chevron Corp ha denunciado lo que describió como «nuevos intentos de los abogados y representantes de los demandantes en el juicio contra la compañía en el Ecuador de intimidar, amenazar y acosar -ahora con amenazas de acciones penales- a testigos que están revelando el fraude que los mismos representantes de los demandantes perpetraron contra la compañía». Chevron insta a las autoridades a rechazar cualquier intento de estos abogados de perseguir infundadamente a personas que, desde su punto de vista, solo están denunciando evidentes actos de corrupción en el proceso en Lago Agrio.
James Craig, Asesor de Comunicación de América Latina y África de Chevron Corp., ha declarado que “los abogados y representantes de los demandantes están inquietos porque varios testigos han revelado el fraude. El mundo está conociendo con lujo de detalle la verdad de cómo estos señores corrompieron el proceso judicial para obtener una sentencia fraudulenta en la Corte Provincial de Sucumbíos”.
Chevron ha emitido un boletín de prensa en el que enumera ua lista de los que considera como sus principales testigos.
Exjuez Alberto Guerra, quien fue el primer juez del caso Chevron en la Corte Provincial de Sucumbíos, realizó una declaración juramentada que ha sido presentada ante una corte federal de Nueva York. Afirmó que recibió miles de dólares de los abogados de los demandantes y por el subsiguiente juez de la causa, Nicolás Zambrano, para redactar clandestinamente las órdenes judiciales emitidas por Zambrano y así orientar el juicio a favor de los demandantes. Guerra declaró que el juez de la causa, Zambrano, le permitió a los abogados de los demandantes redactar la sentencia de 18 mil millones de dólares a su favor luego de que prometieron pagar a Zambrano un soborno de 500 mil dólares a ser pagados de los fondos derivados de la ejecución de la sentencia, y que él [Guerra] revisó el borrador elaborado por los abogados de los demandantes antes que el juez Zambrano lo emitiera como propio.
Fernando Reyes, un ingeniero ecuatoriano especializado en las áreas de petróleo y ambiental quien se desempeñaba como consultor de los abogados demandantes, brindó una declaración jurada. En su testimonio describió cómo los abogados demandantes han buscado manipular el juicio desde sus inicios, engañar a la corte, corromper el proceso judicial y comprometerse en la elaboración de un reporte “independiente” fraudulento. Reyes declaró que en sus reuniones con el principal abogado de los demandantes, Steven Donziger, relativas a la elaboración secreta de este informe pericial: “El Sr. Donziger también me dijo que el monto que se estableciera como daños y perjuicios se tenía que multiplicar por 3,5 para que llegáramos a hablar de miles de millones”.
Miembros de los Huaorani, una de las cinco nacionalidades que abogados demandantes dicen representar en su juicio contra Chevron en Lago Agrio, pidieron intervenir en un proceso ante la Corte Federal de Nueva York aduciendo que no son representados por dichos abogados ni por su organización de fachada, el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA). Los Huaorani declararon: “… el FDA y sus abogados y asesores nunca estuvieron autorizados para representar sus intereses en relación con la demanda de Lago Agrio”.
Burford Capital, un fondo de inversión, ha acusado a los abogados demandantes de haberlos engañado para que invirtieran en su caso. En una carta manifestaron: «Creemos que ustedes, y en especial sus representantes estadounidenses, durante varios meses urdieron un plan para engañarnos y estafar a nuestra empresa, a fin de obtener los fondos para financiar su caso, que tan desesperadamente necesitaban… todo esto mientras ocultaban información relevante y tergiversaban hechos críticos, por miedo a que nos alejáramos al conocer la verdadera situación».
El estudio Kohn, Swift & Graf, que financió a los demandantes durante muchos años, dejó de hacerlo. En un correo electrónico declaró: “También estoy asombrado por recientes manifestaciones concernientes a contactos potencialmente inadecuados y carentes de ética, si no ilegales, con el perito designado por la corte, el Sr. Cabrera, que están saliendo a la luz en los procesos de solicitud de prueba en los Estados Unidos que están siendo iniciados por Chevron. No solo desconocíamos esta conducta sino que resulta contraria a las aseveraciones que Donziger y ustedes nos realizaron en diferentes oportunidades”.
David Russell, ex asesor técnico de los demandantes y quién utilizó la cifra de 6 mil millones de dólares como estimación preliminar del costo de una remediación al inicio del juicio en Ecuador en 2003, envió una carta al principal abogado de los demandantes, Steven Donziger, señalando: “En tal virtud, me veo obligado a indicar que el costo estimado del 2003 es muy alto en un margen sustancial, quizá, de diez o más”. Además, señaló: “Hasta la presente no he visto ninguna documentación que indique que habría ninguna contaminación significante superficial o de aguas subterráneas causadas por petróleo ecuatoriano”.
Charles W. Calmbacher, biólogo norteamericano y perito judicial en el juicio de Lago Agrio, reveló que los abogados de los demandantes falsificaron informes técnicos de los pozos Sacha-94 y Shushufindi-48, utilizando su nombre y firma. Así lo afirmó en una declaración jurada en Estados Unidos.
Chevron advierte que estas pruebas, y mucha más, están ante una Corte Federal de Nueva York, donde los abogados de los demandantes y otros participantes enfrentarán un juicio a partir de octubre de 2013 por asociación ilícita, fraude, extorsión y otras transgresiones.