Corte EE.UU ordena proteger testigos de corrupción judicial en Ecuador

Chevron. Foto de Archivo, La República.

Una Corte federal de Estados Unidos ordenó mantener en secreto la identidad de dos testigos de corrupción judicial en Ecuador para prevenir represalias por parte de los abogados de los demandantes contra Chevron Corp. en el juicio ambiental de Lago Agrio, según han reportado representantes de la petrolera.

En su orden de protección, el juez Lewis Kaplan de la Corte federal de Nueva York ha dicho que los testigos enfrentan un “riesgo significativo”, que incluye “ataques legales”, “vilipendios” y “represalias económicas”, por parte de representantes de los demandantes, si sus identidades se revelan en el Ecuador. Su orden se emite tras las amenazas que incluyen juicios penales que recibieran otros dos testigos, el exjuez Alberto Guerra y el ingeniero petrolero ecuatoriano Fernando Reyes, de parte de los abogados y representantes de los demandantes.

En su memorando de opinión, el juez Kaplan encontró que:

«hay pruebas sustanciales de que al menos [Pablo] Fajardo y [Luis] Yanza sobornaron al juez de primera instancia para obtener una sentencia favorable a los demandantes de Lago Agrio. (Página 15)

…el testimonio que se establece en [la] declaración [de Guerra] es potencialmente devastador para los demandantes, para sus abogados ecuatorianos y para el Sr. [Steven] Donziger, así como para sus distintos socios y aliados. Su incentivo de intimidarlo y vengarse de él —y de cualquiera que corroborara su historia incluso en parte— es enorme. Los [testigos] simplemente serían blancos potenciales de intimidación, venganza y posiblemente cosas peores, si se conocieran sus identidades. (Página 28)

Ya ha sido establecido que [Pablo] Fajardo y [Steven] Donziger intimidaron a un juez ecuatoriano con la amenaza de presentar una denuncia disciplinaria si no seguía el plan de estos de poner fin a las inspecciones judiciales y designar al elegido por ellos, Cabrera, como perito global. Amenazaron abiertamente a Guerra y a Reyes con iniciar una demanda civil y una denuncia penal por haber rendido pruebas en esta causa. (Página 28)
La determinación de los DLA de intimidar a los jueces ecuatorianos para salirse con las suyas surge claramente de las declaraciones hechas por sus abogados en [la película] Crude y en las tomas eliminadas del video. Y existen pocas razones para creer que cualquiera de estas personas podría verse constreñida por una decisión que pudiera dictar esta Corte para restringir su comportamiento si tomaran conocimiento de la identidad de los Fulanos. (Página 28)
En este caso, existen consideraciones de peso que respaldan la protección de las identidades de los [testigos]. Si sus identidades se hicieran conocidas en Ecuador, es casi seguro que se verían sujetos al vilipendio y a las represalias económicas de los DLA y sus aliados. Existe un riesgo significativo de dichas acciones por parte del gobierno. (Página 31)

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