BOGOTA, Colombia (AP) — Al menos tres camiones fueron quemados el miércoles por manifestantes en una carretera en el noroeste colombiano, en una acción atribuida por la Policía a mineros artesanales que entraron en paro indefinido.
La quema de los camiones ocurrió la tarde del miércoles en la carretera de Cali a Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca y a unos 300 kilómetros al suroeste del país.
En el sitio estaban congregados al menos 600 mineros y tres fueron detenidos por incendiar los vehículos y bloquear la vía, indicó en diálogo telefónico el general Fabio Castañeda, comandante de la Policía metropolitana de Cali. No se reportaron heridos.
Los mineros comenzaron en la jornada un paro indefinido para reclamar la derogación de decretos gubernamentales que permiten a la fuerza pública decomisar y destruir su maquinaria en caso de que no cuenten con licencias y títulos de explotación.
Más temprano, el presidente Juan Manuel Santos dijo en un acto desde Risaralda, al oeste del país, que el paro era bienvenido porque «este gobierno respeta la protesta social».
Pero advirtió que «no voy a permitir, y se lo reiteré esta mañana al señor ministro de la Defensa (Juan Carlos Pinzón), a los señores generales, tanto de la Policía como el Ejército, que ninguno de estos paros me bloquee una sola carretera».
Luz Stela Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros, dijo que el paro se cumple en al menos 18 de los 23 departamentos colombianos.
El ministerio de Minas y Energía de Colombia ha dicho que adelanta programas para «formalizar» a miles de mineros.
Pero, según el ministerio, a la vez debe combatir actividades ilegales como el lavado de activos por parte de grupos armados al margen de la ley que utilizan la minería, principalmente de metales preciosos, para financiar parte de sus actividades. Por eso la necesidad de mantener el decreto emitido en octubre del 2012 y que permite a la Policía destruir maquinaria.
La Confederación, que calcula que existen al menos dos millones de familias que trabajan informalmente en la minería de oro, carbón, arena y gravilla, no desconoce que criminales puedan estar sacando provecho de esa actividad, pero pide que no los «criminalicen» a todos. Asimismo, rechaza que su movilización tenga cualquier influencia o apoyo de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ministro de Minas, Federico Renjifo, ha dicho que no es posible derogar el decreto que faculta a la Policía para realizar operativos en sitios informales, y explicó que lo que buscan es negociar la formalización de mineros artesanales.
Renjifo ha indicado que si bien el paro puede tener un impacto en la producción de algunos rubros como el oro, los informales están lejos de representar el 71% de la producción nacional del metal dorado, como han mencionado algunas versiones de la prensa. El titular de la cartera de minas ha dicho que su despacho mantiene por ahora su meta de producir unas 69 toneladas de oro al cierre de este año, comparadas con las 66 toneladas del año pasado, según datos del ministerio.
Una de las mayores concentraciones de mineros se realizó en Caucasia, una ciudad del departamento de Antioquia ubicada a unos 320 kilómetros al norte de Bogotá. Allí los mineros marcharon de forma pacífica.
Ramírez, la directiva de la Confederación, dijo que al menos 25.000 participaron en la marcha de Caucasia, en la que no hubo incidentes. Agregó que hubo otra marcha multitudinaria en Quibdó, en el departamento de Chocó, en el noroeste del país sobre la costa del Pacífico colombiano.
«Toda la vida desde que he estado en el vientre de mamá he hecho minería», dijo Ariel Quinto, un afrodescendiente de 47 años que es minero de oro en Chocó. «¿Por qué no he tenido título (de explotación)?. Porque el Estado nunca me lo ha facilitado y porque las exigencias de la ley no lo hacen fácil», agregó en una entrevista telefónica desde Quibdó, capital de Chocó y a unos 305 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Para tener un título y una licencia ambiental, por ejemplo, hay que tener estudios de suelo, delimitación del área, «hay que pagar todos los análisis, todos los ingenieros» en un proceso que debe pagar el minero y que puede estar costando entre 40 y 50 millones de pesos (entre 21.000 y 26.300 dólares).
Quinto es presidente de la Federación de Mineros del Chocó que agrupa a 400 mineros. Cada uno de ellos da empleo a por lo menos 18 a 20 personas, por lo cual Quinto calcula que el sector da empleo directo a cuando menos 8.000 personas.
«Somos…mineros tradicionales, mineros informales y hoy día todo lo confundieron con narcotráfico y todo lo confundieron con cuestiones de terrorismo de FARC, de ELN, de todas esas cosas, pero nosotros somos humildemente trabajadores y empresarios», dijo vía telefónica desde Caucasia Nicolás Herrera, un minero de oro de 51 años que trabaja con su familia junto a otras 40 personas sacando oro de ríos en la zona de Zaragoza.
«Nosotros lo único que le pedimos al gobierno (es) que nos dejen trabajar. Queremos hacer las cosas de buena voluntad, que nos den orientación en la cuestión del medio ambiente, que nos den orientación para el manejo de nuestras comunidades y de nuestros trabajadores», añadió Herrera.
Otro minero en la zona de Antioquia y quien es el presidente de la Confederación, Ramiro Restrepo, de 57 años, reconoció que era posible que criminales trabajaran en minería.
«Es posible que algunas personas hayan incursionado en esta actividad minera porque usted sabe que bandidos y criminales hay en todas partes. Por ejemplo del Senado de la República han sacado más de 40 congresistas por corruptos y tramposos, y entonces decir que la minería está infiltrada por criminales es una exageración, como sería exageración decir que todo el Congreso de la República está compuesto por bandidos», dijo en diálogo telefónico Restrepo, que extrae oro desde el 2003 en la zona de Cáceres, en Antioquia.
Aparte del paro minero, Santos enfrenta desde el 11 de junio una protesta de campesinos en Catatumbo, en el noreste del país, mientras que cultivadores de café debatieron el miércoles si paralizan sus actividades de forma indefinida a partir del 19 de agosto.
Los campesinos en Catatumbo demandan que el gobierno detenga la destrucción de cultivos de coca y declare la región como una «zona de reserva campesina». El gobierno exige que primero levanten un bloqueo vial y ha dicho que no se dejará presionar para negociar la zona de reserva.
Por su parte los cafeteros dicen que las ayudas financieras prometidas por el gobierno a inicios de año aún no llegan a todos los productores del grano. Al menos 560.000 familias en todo el país se dedican a la producción de café y las ayudas comprometidas por el gobierno eran 145.000 pesos (unos 76 dólares) por «carga» de café o 125 kilos, la unidad mínima de venta de cultivadores en Colombia.
Tras unas seis horas de conversaciones representantes del Ejecutivo —encabezados por el vicepresidente Angelino Garzón— y de los cafeteros no pudieron ponerse de acuerdo en las exigencias de éstos, dijo por teléfono Guillermo Gaviria Osorno, uno de los negociadores del sector del café. Las conversaciones para evitar el paro se reanudarán el 2 de agosto, precisó Gaviria.
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