Fiscal pide declarar «maliciosa y temeraria» denuncia de Chevron

QUITO 29 DE OCTUBRE DEL 2012. El Fiscal General del Estado Galo Chiriboga, en rueda de prensa dio a conocer los nombres de la terna de candidatas para el consejo de la judicatura.APIFOTO/DANIEL MOLINEROS

La Fiscalía General del Estado pidió el lunes desechar por «maliciosa y temeraria» una denuncia de la petrolera estadounidense Chevron sobre presuntas irregularidades en el juicio en que fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares por daños ambientales, según ha informado el organismo en su página web.

En septiembre de 2009, la compañía denunció un supuesto intento de soborno al juez que entonces llevaba la causa por parte de representantes del gobierno y del oficialismo.

Después de casi cuatro años de presentada la denuncia, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, pidió a la justicia que archive el proceso argumentando que el abogado de Chevron «Thomas F. Cullen no demostró lo afirmado en su escrito del 2009», según señaló un comunicado de la fiscalía.

La fiscalía dijo que Chevron presentó información sobre «supuestos pactos para que el juez del caso» falle en su contra, lo que desde su punto de vista, no ha podido evidenciar.

Si la Corte Nacional de Justicia (CNJ) calificara de «maliciosa y temeraria» la denuncia de la petrolera, se allanaría el camino a una contrademanda.

Chevron no se ha pronunciado aún.

La petrolera estadounidense fue condenada en 2012 a pagar 19.000 millones en un sonado juicio por contaminación en la Amazonía.

El caso está en manos del máximo tribunal ecuatoriano, la CNJ, aunque la empresa desconoce las sentencias previas por considerarlas «fraudulentas» y busca en cortes internacionales que el Estado ecuatoriano asuma la indemnización por daños ambientales.

El sábado, el presidente Rafael Correa declaró a Chevron «enemiga» de Ecuador por una intensa campaña en las redes sociales, en las que la empresa denuncia la intervención del gobierno en el juicio ambiental.

El mandatario aseguró que dicha estrategia está orientada a desprestigiar a la justicia ecuatoriana y evitar el pago de la millonaria indemnización a las comunidades indígenas.

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