«Se ha llegado a una conclusión clara: (…) es evidente que la causa fue negligencia gerencial producto de ausencia de inversiones, ausencia de mantenimiento y ausencia de prácticas adecuadas de formación», dijo a Efe la diputada opositora María Corina Machado, durante la presentación de los resultados de las investigaciones.
La refinería de Amuay, en el Centro Refinador Paraguaná (CRP, uno de los más grandes del mundo), sufrió hace un año el mayor accidente de la industria petrolera reciente del país, cuando una explosión desató un incendio y dejó al menos 42 muertos y más de un centenar de heridos, así como cuantiosos daños materiales.
Las hipótesis manejadas por el Gobierno venezolano se basan en una fuga de gas como el motivo de la explosión que dejó en llamas nueve depósitos de combustible en el patio de tanques de la refinería.
Días después, una decena de diputados opositores establecieron una comisión denominada «La verdad sobre Amuay», de la que surge el «Informe de Investigación sobre la explosión e incendio ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de Agosto de 2012», que se presentó hoy en Caracas.
El documento, elaborado por una treintena de expertos en materia energética, calcula que el «coste total estimado» de los daños ocasionados por la explosión e incendio asciende a 1.835 millones de dólares.
Machado señaló que desde el día del accidente las refinerías venezolanas han sufrido «que se sepa públicamente 38 accidentes graves».
«Estamos hablando de un sistema que está colapsando», sostuvo, un día después de que el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, denunciara «sabotaje» en los últimos incidentes registrados en Amuay.
Para el coordinador del estudio, el director del Comité de Manufactura del Centro de Orientación en Energía (COENER), Javier Larrañaga, «está claro» que lo ocurrido en Amuay el 25 de agosto pasado «es consecuencia de un deterioro de la cultura de seguridad» en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
«No se le prestó la atención debida, desde el punto de vista operacional y de mantenimiento, a la criticidad de la situación operacional», dijo a Efe Larrañaga, que trabajó 20 años en la petrolera y llegó a ser gerente general de algunas de las refinerías del país.
El ministro Ramírez declaró ayer que la investigación por el accidente continúa y denunció actos de «sabotaje directo» en recientes incidentes en sus instalaciones, como el incendio menor como consecuencia de un rayo que sufrió hace unos días.
«Es mentira. El sabotaje es él (Ramírez). Ellos son los saboteadores», argumentó Larrañaga.
El informe concluye, entre otras cosas, que la explosión se debió a la «explosión de una nube de gas en un espacio no confinado» y de que las «únicas» medidas que se tomaron fueron «todas ellas infructuosas dada la magnitud del escape y las altas concentraciones de gas en el ambiente».
La Fiscalía venezolana lleva adelante una pesquisa sobre las circunstancias del accidente, que llevó el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a ordenar el establecimiento de varios grupos de investigación siguiendo, dijo, «protocolos internacionales muy serios».
Ramírez rechazó tras el accidente que la falta de mantenimiento hubiera sido «de ninguna manera» la causa de la explosión, asegurando que PDVSA invirtió 6.000 millones de dólares en el mantenimiento de sus refinerías entre 2009 y 2012.
El presidente Nicolás Maduro acusó en junio pasado a la «derecha fascista» de ser la responsable del accidente, asegurando que «hay muchos indicios» de eso. EFE