Quito, 15 oct.- Dirigentes indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que exigen una multimillonaria indemnización a la petrolera estadounidense Chevron, aceptaron la posibilidad de perder un proceso contra ellos y sus abogados que inició hoy ante el juez federal Lewis Kaplan, en Nueva York.
En el juicio, Chevron busca demostrar que los demandantes ecuatorianos y al abogado estadounidense Steven Donznger, que trabaja para ellos, utilizaron fraude y sobornos al perito y un juez para conseguir una sanción por 18.000 millones de dólares contra Chevron en una corte ecuatoriana. Alegan que la sentencia no fue redactada por el juez, sino por los abogados de los demandantes y entregada a este para que la firme.
En su escrito, Chevron acusa al abogado Donziger de fabricar informes medioambientales falsos y de sobornar al juez Nicolás Zambrano (que firmó la sentencia) prometiéndole una participación en la sanción económica contra la petrolera. Donziger se ha defendido alegando que la demanda de la petrolera es “una venganza” por el fallo en contra, además de una estrategia para huir de sus responsabilidades y que el juez encargado del caso, Lewis Kaplan, está lleno de prejuicios contra el sistema judicial ecuatoriano. “Va a mirar al proceso en Ecuador a través de la lente roja, azul y blanca”, ha señalado la letrada de Donzinger, Zoe Littlepage. La semana pasada, Kaplan dictó una resolución en la que reconocía que “había indicios suficientes para sospechar de un posible fraude”.
A lo largo del proceso, que está previsto que se prolongue entre cuatro y seis semanas, Chevron presentará, entre otros, el testimonio de Alberto Guerra, un antiguo juez ecuatoriano que ha jurado que el equipo de Donziger le pagó 1.000 dólares mensuales para redactar la sentencia del juez Zambrano -quien también ha sido llamado a declarar-. La defensa de Donziger, asegura, por su parte, que el testimonio de Guerra no es fiable ya que la compañía se está encargando de sus gastos y los de su familia en EE UU a donde se trasladaron a expensas de la petrolera hace varios meses, algo que Chevron sostiene que ha hecho para garantizar la seguridad de su testigo.
Otro de los testimonios previstos es el de la empresa Stratus Consulting, una consultora con sede en Colorado y que ha reconocido que, a instancias de Donzinger, elaboró buena parte del informe de daños medioambientales y sanitarios que Richard Cabrera, un “experto independiente” designado por los jueces ecuatorianos, presentó luego en el proceso y que sirvió como base a la sentencia contra Chevron. El vicepresidente de Straus, Douglas Beltman, ha reconocido que elaboraron el documento sin evidencias científicas que avalaran las cifras que allí se incluían, entre ellos los índices de afectados por cáncer (30% más de lo normal, se señalaba en el escrito), el número de muertes (1.400) y de afectados por cáncer (9.000) o el de fallecidos por otras causas derivadas de la contaminación. Donzinger también ha insistido en que el informe de Guerra finalmente fue desestimado como prueba.
«La mayor probabilidad es que vamos a perder este proceso», aseguró en rueda de prensa Juan Pablo Sáenz, uno de los abogados en la causa contra Chevron, que calificó el juicio iniciado hoy ante el juez Kaplan como una «injusticia», en la que las víctimas aparecen como «delincuentes».
Los demandantes, que ganaron un juicio ambiental a Chevron en Ecuador, expresaron hoy su indignación porque la petrolera les ha acusado a ellos y a sus abogados de «conspiración y extorsión».
«Es una injusticia, es una infamia, es algo que no se había visto en la historia del derecho, es un día triste para ser abogado», añadió Sáenz al recordar que se trata de un proceso instaurado bajo la denominada «ley Rico», establecida en la década de los años setenta contra las bandas mafiosas en EE.UU.
Además, remarcó que, a pedido de la petrolera, el juicio no contará con jurado, por lo que insistió en que es «imposible» que los indígenas puedan «tener justicia en la corte de Kaplan».
No obstante, el abogado remarcó que cualquier fallo negativo que salga de este proceso no tendría ningún efecto en la ejecución de la condena a la que fue sometida Chevron en las cortes ecuatorianas.
La Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos condenó en 2011 a la petrolera a pagar más de 19.000 millones de dólares de indemnización por los graves daños que se le imputan haber dejado en la Amazonía durante el tiempo en que operó en Ecuador, entre 1962 y 1990.
Según Sáenz, Chevron con el juicio ante el juez Kaplan, va «a poder ganar tiempo», pero reiteró que los demandantes van «seguir en esta pelea hasta cobrarle el último centavo» a la petrolera.
De su lado, otro de los abogados, Pablo Fajardo, en la misma rueda de prensa, acompañado por varios indígenas demandantes, hizo un llamamiento a los Estados y a las organizaciones sociales de América Latina a solidarizarse con la causa de los pueblos amazónicos de Ecuador.
Estamos, dijo Fajardo, en una «campaña» para pedir «solidaridad al mundo entero para que estos crímenes no queden en la impunidad» e insistió en que los demandantes continuarán con las acciones de cobro de la condena a la petrolera en varios países del mundo.
Recordó que actualmente hay procesos de ejecución de la sentencia en Canadá, Brasil y Argentina, pero no descartó extender el mapa de posibilidades.
«Hemos hecho un barrido en el mundo para ver dónde están los activos de Chevron. Están dispersos en más de 60 países», apuntó Fajardo.
El indígena Humberto Piaguaje, por su parte, resaltó que el proceso central contra Chevron, por contaminación en la Amazonía, empezó el 3 de noviembre de 1993 y dijo estar indignado de que hoy los demandantes sean «acusados como delincuentes».
«Estamos indignados por la prepotencia de la empresa» estadounidense, añadió Piaguaje al exclamar: «Nosotros no somos criminales (…), defendemos la vida y la naturaleza. Chevron es culpable, es criminal y tiene que pagar». EFE
___
* Pablo Fajardo y Juan Pablo Sáenz, abogados de los demandantes contra Chevron.
