Quito, 15 nov.- Ecuador pidió a un tribunal arbitral de La Haya que suspenda un proceso de arbitraje planteado por la petrolera Chevron en 2009, por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
La gigante petrolera demandó ante ese tribunal que se endose al Estado ecuatoriano una multimillonaria multa ambiental impuesta a ella en las cortes ecuatorianas, en el llamado juicio de Lago Agrio, tras una demanda interpuesta por indígenas y colonos de la Amazonía del país.
El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, solicitó el jueves al tribunal que suspenda el litigio conocido como «Chevron III», debido a que, entre otras cosas, esa demanda fue planteada «de forma prematura y equivocada», señala un comunicado difundido hoy por su despacho.
Según el abogado del Estado, una sentencia de casación emitida esta semana por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sobre la condena a la petrolera, cambia los presupuestos de hecho de la demanda de Chevron en La Haya.
La CNJ ratificó la condena de dos instancias judiciales inferiores del país contra Chevron, pero redujo a la mitad la multa impuesta a la compañía, que superaba los 19.000 millones de dólares.
Según la Procuraduría ecuatoriana, por ese fallo de la CNJ, lo actuado por el tribunal de La Haya en el caso «Chevron III» se ha vuelto «inoficioso e irrelevante».
El caso, señala el comunicado de la Procuraduría, «fue planteado de forma prematura y equivocada por la petrolera al atacar las sentencias de primera y segunda instancias» del juicio de Lago Agrio, «cuando aún restaba una tercera etapa procesal ante la Corte Nacional de Justicia».
García, en su petición al tribunal arbitral, también solicitó la cancelación de una audiencia fijada para enero próximo, y señaló que, si Chevron mantiene su posición, se reformule el caso, «en consulta con las partes», sobre los próximos pasos procesales.
Chevron no reconoce la condena en su contra y se niega a pagar los 9.500 millones de dólares impuestos esta semana por la CNJ, por considerar que el juicio en las cortes ecuatorianas es un «fraude» y obedece a una supuesta trama de complot para perjudicarla.
La petrolera, además, asegura que el Gobierno interfirió en el caso, por lo que pidió al tribunal de La Haya que endose al Estado andino el monto de la indemnización fijada en la condena.
Ecuador, por su parte, reniega de esas acusaciones y asegura que, incluso, el tribunal arbitral de La Haya actuó mal al acoger la demanda de la compañía, pues el TBI con EE.UU. se suscribió en 1997, cinco años después de que la petrolera abandonara el país.
Texaco, adquirida por Chevron en 2001, es acusada de haber dejado graves daños ambientales y sociales en la Amazonía durante el tiempo en que operó en esa región, entre 1964 y 1992, por lo que fue demandada por una asociación que representa a cientos de colonos e indígenas de las zonas afectadas.
Texaco operó en Ecuador desde 1979 en un consorcio con la petrolera estatal ecuatoriana CEPE (que tenía el 60% de las acciones) y considera que en esa medida el estado ecuatoriano tiene responsabilidad de lo que ocurrió y debe correr también con el 60% de la indemnización. También alega que en la última liquidación que se hizo del tema, el estado ecuatoriano exoneró a la compañía de cualquier pago a futuro.
* Con información de EFE.