Buenos Aires, 13 feb (EFE).- El Gobierno argentino presentó hoy un nuevo índice de precios al consumidor que sustituye a otro fuertemente cuestionado y reconoció así una inflación mucho mayor a la que venía informando, justo en momentos en que los precios se han recalentado tras la devaluación del peso.
De acuerdo al nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano, en enero los precios crecieron un 3,7 % respecto a diciembre último.
Proyectado a un año, si este ritmo de evolución de precios se mantuviera, la inflación sería este año del 44,4 %, aunque los datos de enero están influenciados por fuertes tensiones en la economía local registradas en el primer mes del año.
En su última medición, en diciembre pasado, el viejo índice había registrado una variación positiva de tan solo el 0,9 %.
«Es la primera vez que Argentina va a contar con un índice de precios al consumidor para el total de la población urbana. No representa una continuación del anterior índice sino que cualitativa y cuantitativamente abarca a otra población y su cobertura es nacional», dijo el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.
El nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano (IPCNu) está integrado por seis canastas regionales y sustituye a otro que solo medía valores en Buenos Aires y su periferia.
Kicillof destacó en rueda de prensa que la confección del nuevo índice ha sido una «empresa faraónica», que llevó cuatro años de trabajos y se basó en recomendaciones internacionales.
Sin hacer mención a las críticas por presunta «manipulación» del índice anterior, el ministro justificó que era «imperioso» modificar el indicador por los cambios en la estructura productiva, de poder adquisitivo de los salarios y de la estructura de consumo de los últimos años.
Kicillof dijo que el dato difundido hoy refleja las «particularidades» de enero pasado, marcado por tensiones en el mercado cambiario, con una devaluación del peso argentino del 23 %, y fuertes subidas en los precios.
El ministro dijo que el país ha sido «víctima» de una «furiosa campaña» que pregonó un caos económico, generando miedo, y que «tuvo un impacto en los precios».
Según Kicillof, esta campaña convirtió primero al dólar «ilegal» (informal) y luego al oficial en «referencias» para la fijación de precios.
Este «clima de psicosis», según el ministro, llevó a «corrimientos muy fuertes» en los precios y generó «distorsiones» aprovechadas por «movimientos especulativos».
La fiabilidad de la medición oficial de la inflación es seriamente cuestionada por economistas y políticos de oposición desde que a inicios de 2007 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) introdujo cambios metodológicos en el índice de precios.
La distorsión desde entonces entre los datos oficiales y los difundidos por privados llegó a ser de entre el doble y el triple entre unos y otros.
Sólo el año pasado, para el Indec la inflación fue del 10,9 %, mientras que las consultoras fue del 28,3 %.
Para este año, la ley de Presupuesto prevé que la inflación sea del 10,4 %, pero para consultores privados no sería menor al 30 %.
Según Kicillof, los datos que arrojan los cálculos de los privados son siempre «variopintos» y de «fuerte contenido político», lo que, a su juicio, demuestra la «oscuridad» y la falta de rigor de esas mediciones, en «contraste con la metodología robusta» del Indec.
Las mediciones oficiales también han sido en estos años cuestionadas por los propios trabajadores del Indec, que realizan cada mes un abrazo a la sede de la entidad en rechazo a las presuntas manipulaciones, protesta que hoy renovaron.
En diciembre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había puesto al Gobierno argentino plazo hasta marzo para presentar el nuevo índice.
El directorio del Fondo reconoció por entonces la intención del Gobierno argentino de ofrecer un nuevo sistema de medición de precios que supere las «inexactitudes» de las estadísticas.
La titular del Indec, Ana María Edwin, destacó hoy que expertos del FMI y de otros organismos colaboraron para la confección del nuevo índice.
El nuevo cálculo abarca 520 bienes y servicios seleccionados para su medición en base a encuestas de gastos a 37.000 hogares y cuya variación de precios se verifica mes a mes en cuarenta ciudades de todo el país
En total, se recogen cada mes 235.311 precios, medidos en unos 12.900 puntos de venta. EFE