Buenos Aires, 17 jun (EFE).- Argentina propondrá un canje de la deuda reestructurada, que excluye a los fondos especulativos, para cumplir sus compromisos de pago en el país y no en EE.UU., donde corre el riesgo de embargo, y buscará dialogar con el juez estadounidense que falló contra intereses argentinos.
Según anunció en una comparecencia ante la prensa el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, el Gobierno de Cristina Fernández propondrá a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 cambiar los bonos emergentes de esas reestructuraciones y emitidos bajo legislación estadounidense por otros nuevos pero con legislación argentina.
Esto le permitiría al país suramericano continuar con los pagos a esos acreedores a través de bancos argentinos, en vez de girar fondos a cuentas de los Estados Unidos, amenazados con embargos por un pedido de los querellantes fondos de inversión que rechazaron las refinanciaciones y que acudieron a tribunales en Nueva York.
«No vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagar en Argentina y bajo leyargentina«, dijo el ministro.
Kicillof no dio detalles de cómo instrumentará la nueva oferta de canje ni qué tiempos demandará el proceso.
Argentina debe hacer frente a un nuevo compromiso de pago el próximo 30 de junio, cuando debería girar 900 millones de dólares hacia Estados Unidos para pagarle a los acreedores que adhirieron a los canjes.
La difícil situación que atraviesa Argentina se debe a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU., que este lunes rechazó un apelación argentina y dejó en firme una sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa en un litigio planteado por fondos especulativos tenedores de deuda soberana, que obliga a Buenos Aires a pagar una deuda de 1.300 millones de dólares que, con intereses, asciende a 1.500 millones.
Según Kicillof, el fallo de Griesa, «empuja al país al default» (suspensión de pagos).
El cese de pagos, según alegó el ministro, se produciría porque, si se le paga a los fondos litigantes, el resto de los acreedores que no aceptaron los canjes (un 7 % sobre el total) también podrían demandar el cobro de bonos en mora por 15.000 millones de dólares, cifra equivalente a la mitad de las reservas monetarias de Argentina.
Asimismo, si se les pagará a estos acreedores, los inversores que sí aceptaron los canjes también tendrían derecho legal a reclamar el pago total, sin quitas, del capital original reestructurado más los intereses, suma que ascendería a 120.000 millones de dólares y que, según el ministro, es «impagable».
«Si una sentencia nos dice ‘suicídense’, nosotros no podemos aceptar eso que dice. Pero el juez dijo algo que no coincide con el fallo. Dijo que no quiere empujar al país al default. De forma tal que vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa», dijo Kicillof.
El ministro anticipo que este miércoles se reunirá con las autoridades del Parlamento para exponerles las medidas instrumentadas tras la decisión del Supremo estadounidense y «las alternativas que tiene por delante el país».
«La capacidad de pago de Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. No podemos nuevamente estar en una situación en la que, por pagar la deuda, reine el hambre, el desempleo, la miseria», sostuvo el ministro.
Kicillof reiteró que la «voluntad» del Gobierno es «seguir pagando» la deuda ya reestructurada.
«Estamos ante un problema de dimensiones globales y les decimos. No pasarán. No voltearán nuestra reestructuración. No lo vamos a permitir».
«Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad, que se ha tomado todas las medidas para impedir que esté en riego la reconstrucción del país por culpa de pequeños grupos de bonistas, lo más extremista del sector financiero, que no buscan otra cosa que jaquear a los países», concluyó.
Este martes, tras el fallo en EE.UU., la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la nota de la deuda soberana de Argentina y la colocó en «perspectiva negativa».
Según esa agencia, «la perspectiva de las calificaciones de largo plazo es negativa basada en la posibilidad de una interrupción de pagos o un intercambio de deuda en dificultades». EFE