BUENOS AIRES (AP) — Argentina insistió el jueves que no está en cesación de pagos tras el fracaso de las negociaciones con acreedores en Estados Unidos, mientras las gestiones que allí estarían llevando adelante bancos privados y entidades financieras asoma como la única salida para destrabar este conflicto.
«Hoy es 31 de julio, el mundo sigue andado y la República Argentina también. Lo que no deja de ser una muy buena noticia», ironizó la presidenta Cristina Fernández en un mensaje a la población.
Argentina quedó en condición de «default técnico» tras fracasar las negociaciones para un acuerdo con los acreedores de fondos de cobertura estadounidenses que obtuvieron una sentencia favorable en los tribunales de Nueva York y exigen el cobro inmediato y en efectivo de 1.500 millones de dólares.
Como parte de este litigio, Argentina se vio impedida de cumplir antes de la medianoche del miércoles el pago de 540 millones de dólares a los tenedores de bonos reestructurados en 2005 y 2010 porque el juez federal del caso, Thomas Griesa, impidió su envío a través de un banco norteamericano. Al no poder realizarse el pago a esos acreedores, las calificadoras de riesgo declararon al país en mora.
«Default es no pagar, impedir que alguien cobre no es default», reiteró la mandataria en la Casa de Gobierno, rodeada por funcionarios, gobernadores y representantes del empresariado.
Más temprano, el ministro de Economía Axel Kicillof denunció en rueda de prensa «una campaña destinada a generar pánico y terror en torno a la palabra default».
«Decir que entramos en default es una pavada (bobada) atómica», agregó.
Si bien esta nueva cesación de pagos encuentra a la tercera economía latinoamericana en mejores condiciones que en 2001, cuando declaró el mayor default en la historia financiera mundial, Argentina se encuentra en recesión, padece escasez de reservas y una tasa de inflación de las mayores en el mundo.
«La Argentina considera de que esto no es un incumplimiento. Nosotros ya pagamos el vencimiento», insistió Kicillof.
Pese a la postura del gobierno, los mercados reaccionaron el jueves con fuertes caídas.
El índice bursátil Merval de Buenos Aires, donde cotizan las principales acciones, cayó 8,38% a 8.187,99 unidades. La caída fue liderada por los títulos de la compañía Pampa Energía con un desplome de 10,8%.
A su vez, el riesgo país medido por la banca JP Morgan escalaba 75 puntos básicos, a 634 unidades.
Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sufrieron fuertes pérdidas, encabezadas por la petrolera YPF (9,15 y Edenor (9,71%).
El Bank of New York Mellon envió el jueves una carta los tenedores de deuda reestructurada informándoles que por el momento no cobrarán los 539 millones de dólares que les corresponden. El banco dijo que el dinero seguirá congelado en el Banco Central argentino porque Griesa no ha suspendido temporalmente su sentencia que obliga a Argentina a pagar también a los «fondos buitre».
«Las ordenes de la corte prohíben al administrador (Bank of New York Mellon) distribuir los fondos a los tenedores de deuda», dice la carta. «Los fondos están retenidos en espera de un futura orden de la corte».
Argentina argumenta que cumplir con la sentencia de Griesa la llevaría a violar los contratos firmados con los acreedores que aceptaron fuertes quitas de capital en dos procesos de canje de su deuda en cesación de pagos en 2001 y que ello activaría demandas contra el país por más de 100.000 millones de dólares.
«Griesa continúa sin expedirse sobre esos fondos, los ha dejado en una especie de limbo. Esa plata no es de la República, ni puede volver a la república, es de los bonistas reestructurados. El juez tiene plata que no es nuestra, es del 92 por ciento que aceptó el canje», advirtió Kicillof.
En tanto que el propio Griesa convocó una audiencia de urgencia el viernes en la corte federal de Manhattan con los bonistas litigante NML Capital, del multimillonario Paul Singer, y Aurelius Capital Management LP. También fueron citadas otras firmas que tampoco aceptaron los canjes de deuda, pero que iniciaron acciones legales contra Argentina tras el fallo de Griesa a favor de los «fondos buitres».
Medios de comunicación argentinos y estadounidenses reportaron que bancos extranjeros y entidades financieras estarían negociando con los bonistas litigantes para adquirir su deuda con Argentina. Si estas negociaciones prosperaran, el juez estaría dispuesto a restablecer un «stay» o suspensión de la sentencia para que el país cumpla con sus obligaciones de deuda hasta diciembre de 2015, cuando cae la cláusula que le impide ofrecer mejores condiciones que a los bonistas reestructurados, según los reportes.
«Argentina no se opone si los privados quieren poner plata, negociando con los fondos buitre. Pero no podemos violar la ley, poniendo plata del Estado», respondió Kicillof cuando se lo consultó sobre estas negociaciones. «Bienvenido todo el mundo que genuinamente quiera contribuir. Lo veo factible porque hay muchos privados que tienen el incentivo».
No obstante, portavoces de Aurelius Capital Management LP, negaron el jueves que la firma esté manteniendo negociaciones con bancos privados interesados en comprar sus bonos de deuda.
«Mientras entidades privadas, o supuestos intermediarios para entidades privadas sin identificación, se han acercado a Aurelius a veces, para la posible compra de una fracción de nuestros bonos argentinos, mucho de lo que hemos leído en la prensa sobre esos acercamientos ha sido, hasta donde podemos ver, erróneo o poco creíble», señaló en un comunicado. «Aurelius no ha recibido una propuesta que consideremos que merezca seria consideración».
Por su parte, portavoces del principal bonista litigante, NML Capital, dijeron a AP que no hablarán sobre el tema. Lo mismo dijeron portavoces del banco JP Morgan Chase y Citigroup, los cuales se ha reportado mantienen las conversaciones.
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Los reporteros Claudia Torrens y Matt Craft contribuyeron con este despacho desde Nueva York.